Las propias palabras del juez federal Norberto Oyarbide no paran de traerle problemas. Fueron aquellas en las que intentó una explicación a sus superiores, en las que admitió que frenó el allanamiento en la financiera Propyme el 19 de diciembre pasado luego de recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de la Secretaría Legal y Técnica, quien lo puso en alerta de que los policías que estaban a cargo del operativo habían intentado sobornar al empresario con 300 mil dólares.
El fiscal federal Ramiro González a partir de ese episodio y de una denuncia hecha por dirigentes de la UCR impulsó hoy una investigación formal que tiene como imputados al juez Oyarbide y al funcionario Liuzzi.
En un requerimiento presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, quien a su vez investiga si existió el pedido de soborno por parte de policías de la Difoc al empresario Guillermo Greppi y si, como éste denunció, lo hicieron invocando la figura del juez Oyarbide.
El fiscal, según fuentes judiciales aseguraron a Infobae, pidió varias medidas de prueba para investigar a Liuzzi y Oyarbide, entre ellas, que se reclame qué celulares de índole funcional tienen asignados cada uno de los empleados de la Secretaría Legal y Técnica y también aquellos de uso personal, dando cuenta del cargo y/o función que ocupa cada uno y el número telefónico asignado.
También pidió que se certifique si hay investigaciones que tienen como parte a Liuzzi, y a la par que se pida a la Cámara Federal el sumario administrativo que tramita a partir de la denuncia que recibió Oyarbide, pues el dueño de la financiera allanada acusó que los policías invocando la figura del juez intentaron sobornarlo para frenar el operativo.
En la denuncia que dio origen a esta causa, los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri consideraron que "llama poderosamente la atención que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo ´le merece toda la confianza´".
Concretamente, se reprocha al juez haber frenado el operativo en Propyme sólo a partir del llamado de Liuzzi y sin antes constatar la denuncia.
Incluso, los radicales recordaron que Oyarbide archivó tiempo atrás una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Liuzzi. Esta semana ante un pedido del fiscal Patricio Evers de reabrir ese caso, el juez se negó y fue apelado ante la Cámara Federal.
En otro dictamen, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el fiscal González decidió ampliar la imputación sobre los policías y pidió investigar a un total de 19 efectivos que conforman la entonces Brigada A de la Difoc, aquellos que intervinieron de alguna forma en el allanamiento.
El juez Rodríguez ya venía investigando a los policías, entre ellos a Fabio Ascona y Ángel Castro, pues el primero era quien –según el denunciante Greppi– impartía las órdenes en el operativo y el segundo quien hizo el intento extorsivo a cambio de frenar el operativo.
Todo está concentrado en el juzgado de Rodríguez, quien investiga el allanamiento y ahora la denuncia de la UCR que directamente apunta a Oyarbide y Liuzzi. Sobre el juez pesa también un proceso por presunto mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y por el cual ya fue invitado a realizar un descargo voluntario.
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