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El macrismo insistirá por cuarta vez aprobar en la Legislatura el proyecto de ley para prohibir a los "trapitos" y limpiavidrios, una iniciativa que fue calificada por la oposición porteña como un intento de "criminalización" a quienes desarrollan esas actividades en la vía pública.
La avanzada del bloque PRO, encabezada por el diputado Cristian Ritondo, reitera, en rigor, un pedido de modificación del artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad que el jefe de Gobierno Mauricio Macri hizo a su propio espacio en la Legislatura en 2010, 2012 y 2013.
El texto del Ejecutivo, que deberá ser debatido por las comisiones en las próximas semanas, contempla un endurecimiento de las penas a quienes realicen la actividad de "cuidar coches, limpiar vidrios sin autorización legal", sobre quienes fija sanciones con uno a cinco días de arresto o multa de 200 a 2.000 pesos.
La Justicia Contravencional recibe en promedio 250 denuncias mensuales por amenazas de "trapitos", que en muchos casos los manejan barrabravas. Desde los tribunales admiten que "es complicado" probar que hubo una amenaza y no un pago voluntario del dueño del vehículo.
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La propuesta contempla también penas a las personas que "porten armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique, palos, cadenas, bastones, fierros o cualquier tipo de arma no convencional" y a quienes "durante el desarrollo de marchas, manifestaciones públicas, cubran sus rostros con capuchas o pañuelos".
El proyecto fue rechazado en los últimos años por el arco opositor porteño que, en contraposición, planteó varias propuestas alternativas, como la del Registro de Cuidacoches para controlar el estacionamiento de vehículos en la vía pública tal como lo establecía una ley que logró sanción en el 2012 en la Legislatura, pero que fue vetada por el jefe de Gobierno.
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, adelantó que "no nos negamos a la discusión, pero debe regir el principio de inocencia, porque no todos los cuidacoches o limpiavidrios son delincuentes".
La diputada Claudia Neira, en tanto, sostuvo que "el PRO pretende prohibir una actividad lícita como cuidar coches y limpiar vidrios, sin explicar cómo va a resolver el sinnúmero de situaciones de alta vulnerabilidad social que obligan a los jóvenes a recurrir a estos medios informales de subsistencia".
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"En lugar de encontrarse con un Estado presente y activo, los jóvenes pagan los platos rotos de la política simplista de Macri. En vez de justicia social para los excluidos, el PRO lo único que ofrece es justicia penal", dijo Neira, quien en los últimos días presentó un pedido de informes al Ejecutivo acerca de la situación de los niños y jóvenes que realizan actividades de subsistencia en la vía pública.
El diputado Alejandro Bodart, del MST, afirmó que "el nuevo intento del PRO muestra su absoluta insensibilidad social. Presuponen que ser pobre equivale a ser delincuente. En vez de criminalizar a los trapitos, hay que asegurar inclusión social y regularizar su actividad".
Por ello, decidió presentar un proyecto que rescata la ley 4.113 vetada por Macri que impulsa el Registro "con control y permisos revocables" ya que, dijo, "regularizar la actividad es la mejor forma de combatir a las mafias".
En tanto, Ritondo aseguró que "la iniciativa pretende devolverle a los vecinos la tranquilidad y la posibilidad de transitar por la vía pública sin temor o limitación alguna, sin miedo o temor a estar vigilados o perseguidos".
Asimismo, el legislador del PRO Roberto Quattromano arremetió contra "los diputados que se olvidan que nos debemos a los vecinos y no a las mafias" y aseguró que van "a insistir con la prohibición de esta actividad y seguir reclamando tolerancia cero para las mafias de los cuidacoches".
El diputado macrista Daniel Presti, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que "el espacio público no se negocia, es de todos los vecinos, por lo cual debemos trabajar desde el Estado para garantizar la tranquilidad a quienes transitan o estacionan en la Ciudad de Buenos Aires".