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Un abogado colombiano, defensor de víctimas de crímenes de Estado, anunció este jueves que demandará al presidente Juan Manuel Santos por no acoger las medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmar la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En declaraciones a la emisora la FM, el letrado Jorge Molano consideró "inadmisible que un presidente de la República decida desconocer la Constitución política y decida delinquir sin ninguna vergüenza ante la comunidad nacional e internacional".
Según Molano, Santos incurrió en el delito de prevaricato por lo cual lo demandará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (baja), que es la instancia constitucional que puede investigar a los gobernantes en Colombia.
A juicio del abogado, el presidente desconoció 10 sentencias de la Corte Constitucional colombiana que advierten sobre el cumplimiento de esa clase de disposiciones de la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
De acuerdo con el abogado, "el acto del presidente de la República es un acto manifiestamente contrario a la ley, y que sobre dicha base corresponde a un acto de prevaricato que deberá conocer la Comisión de Acusaciones".
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Gustavo Petro, desde el balcón de la Alcaldía de Bogotá, minutos después de confirmarse su destitución
El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General dictó la destitución e inhabilitación por 15 años del ex guerrillero Gustavo Petro para ejercer cargos públicos, sentencia que Santos hizo efectiva el miércoles.
La Procuraduría acusó a Petro de cometer fallas graves cuando cambió, en diciembre de 2012, el modelo de recolección de basuras de manos privadas a públicas, lo que según la entidad, causó una crisis sanitaria en la ciudad.
Según la Constitución colombiana, la Procuraduría General ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.
A la orden de destitución de Petro siguieron numerosos recursos judiciales fallados en su contra y las medidas cautelares de la CIDH en su favor, no acogidas por el Gobierno de Santos, que justificó su decisión en que debía "proceder de conformidad con la Constitución y las leyes".
Para reemplazar a Petro, Santos nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, quien asumió este jueves como alcalde encargado y prometió continuar el plan de gobierno del funcionario destituido.
Históricamente, los únicos gobernantes colombianos que han sido escuchados por la Comisión de Acusaciones son los expresidentes Gustavo Rojas Pinilla (fallecido), Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).