El desalojo del predio de Villa Lugano ocupado desde el 24 de febrero por familias que reclaman viviendas se realizará la semana próxima, en virtud de una serie de cuestiones operativas para cumplir la orden judicial que ratificó ayer la Cámara Penal porteña, y será coordinado por la Fiscalía. Además, aunque no hay fecha definida todavía, advirtieron que de producirse "situaciones aleatorias" el trámite puede adelantarse.
La decisión se adoptó tras una reunión entre el procurador general, Germán Garavano, el procurador adjunto, Luis Cevasco, y los fiscales Carlos Rolero y Martín López Zavaleta, a cargo de la causa, para evaluar el cuadro de situación derivado de la orden judicial. En el encuentro también participaron representantes de las fuerzas de seguridad que deben instrumentar el operativo y personal del SAME, que fue comisionado a prestar servicio en el desalojo.
En tanto, diputados porteños de la oposición se reunieron ayer con la jueza Gabriela López Iñiguez, quien debe definir la fecha del desalojo, para pedirle "una salida dialogada" al conflicto y evitar "un baño de sangre". Se le pidió que "tenga a bien no adoptar, por el momento, medidas que impliquen salidas que no sean consensuadas o violentas a los efectos de poder permitir una solución política a esta difícil problemática".
"La intención es que la jueza sepa que hay otras alternativas, para que la situación no termine en un baño de sangre", dijo a la prensa el legislador porteño Alejandro Bodart. Además, se refirió a la ley 1770, votada el 11 de agosto de 2005. "En esa sesión el propio macrismo, junto al resto de los bloques, votó a favor de la urbanización de la villa 20 en el predio del ex cementerio de autos y el saneamiento de la tierra", afirmaron.
Esta mañana, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que "no recibimos ninguna comunicación oficial" para instrumentar la orden de desalojo del predio bautizado "Papa Francisco", pero advirtió que acatarán la decisión judicial una vez que reciban la notificación. "Nosotros siempre acatamos los fallos, este y todos. Pero no tenemos los detalles", afirmó en declaraciones a TN.
En tanto, el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, expresó su preocupación por la situación de las familias que instalaron casillas y otras construcciones precarias en el predio. "Es la tercera orden de desalojo, la contaminación es angustiante. Las personas que están allí se contaminan de forma invisible pero grave", aseguró en declaraciones a Radio 10.
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