Fue el 10 de marzo pasado cuando por primera vez se supo y así lo manifestó el propio juez federal Norberto Oyarbide, que con el solo llamado que recibió de un funcionario del Gobierno frenó el allanamiento en la mutual Propyme y a raíz de que éste lo ponía sobre aviso de que en su nombre policías estaban intentando un soborno millonario de 300 mil dólares al dueño de la empresa.
En ese escrito en el que Oyarbide dio explicaciones a sus superiores a raíz de un sumario administrativo abierto, y que Infobae da a conocer por primera vez, el juez consideró que el llamado que recibió de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, al ser "procedente de tal confiable fuente" es que decidió dar marcha atrás con el operativo.
En el allanamiento, según denunció el empresario Guillermo Greppi, los policías de la Difoc le exigían un soborno de 300 mil dólares para dar marcha atrás con el allanamiento y los efectivos –tal cual él acusó– decían actuar bajo órdenes del juzgado a cargo de Oyarbide.
Este oficio en el cual Oyarbide reconoció esa comunicación y la suspensión del allanamiento a partir del llamado, es que le valió que hoy el Consejo de la Magistratura resolviera citarlo para hacer un descargo voluntario en el que brinde las explicaciones del caso.
Son 4 las denuncias por mal desempeño que tramita en el Consejo. El oficialismo se impuso este mediodía con la decisión de notificarlo de la acusación, y que pueda hacer un descargo; a contramano de lo que planteó la oposición, que era citarlo obligatoriamente a Oyarbide para que explique por qué frenó el allanamiento a partir del llamado de Liuzzi.
La confesión de Oyarbide también le valió una causa penal a él y a Liuzzi que hicieron los radicales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri por "obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento".
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