"Esto amerita que se inicie una investigación", declaró Mario Cimadevilla en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red. El senador radical es integrante del Consejo de la Magistratura, órgano clave en la designación y remoción de los jueces de la Nación.
Oyarbide quedó en la mira luego de admitir en un sumario interno frenó un operativo en una financiera por un pedido de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. El propio magistrado ratificó sus dichos en una entrevista con Infoba realizada el martes por la noche.
"Con este caso se corrobora lo que ha sido una intención constante de un de un gobierno que entiende que los jueces deben ser del poder y no de la constitución. Oyarbide es un juez que demostró que responde a los caprichos de quien gobierna. No se puede parar un procedimiento porque lo propone un funcionario de otro poder del Estado, a lo sumo se tienen que tomar decisiones por lo que transmitan los hombres del propio juzgado", analizó Cimadevilla.
El 19 de diciembre pasado, personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal (DIFOC), allanó las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una financiera muy conocida en el mercado de dinero. Los policías llevaban una orden de allanamiento firmada por el juez Oyarbide y por su secretario Carlos Leiva. Según denunciaron el dueño de la financiera Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías se comportaron de forma violenta, y pidieron una coima para evitar el allanamiento. Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policías y los que mandan en la financiera. Finalmente el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llamó y paró el operativo.
A partir de esa situación anómala, la Cámara Federal porteña, que es el tribunal superior de Oyarbide, inició un sumario interno. En ese sumario interno, según informaron fuentes judiciales a Infobae,Oyarbide admitió que paró el allanamiento luego de haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi, hombre de extrema confianza del secretario Legal y técnico de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini. Lo hizo por escrito ante un pedido realizado por el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, quien conduce el sumario administrativo que se realizó para determinar como fue lo sucedido.
Greppi y Torres se presentaron ante el mismo Oyarbide y contaron todo lo sucedido. Oyarbide realizó la denuncia y quedó a cargo de esa investigación el juez federal Luis Rodríguez. En ese expediente declararon los empleados de la financiera y Greppi y Torres, quienes mantuvieron sus dichos respecto de la actuación policial y del pedido de coima para no realizar el allanamiento. Los policías de la DIFOC señalados por los denunciantes son Fabio Ascona y Ángel Castro. Según dijeron en Tribunales los de la financiera, les pedían 300 mil dolares para no hacer el operativo. Y ante las llamadas que Greppi hacía a distintas personas de diferentes estamentos del poder, los policías les recomendaron no hablar con nadie más porque ellos no recibían órdenes de ningún otro que no fueran el juez y su secretario.
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