La sentencia impuso el pago de u$s7.507.089 en concepto de capital e intereses vencidos de los títulos Bonos Externos Globales 1997/2017, propiedad de la demandante.
Para el máximo tribunal argentino, la pretensión "desconocía el principio de inmunidad soberana del Estado argentino, ya que el fallo del magistrado de Nueva York afecta principios de orden público del derecho local".
El reclamo ya había sido rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, al considerar que las leyes que ordenaron el diferimiento del pago de títulos de la deuda forman parte del orden público del derecho argentino.
Esto, según normas procesales, impide el reconocimiento de sentencias extranjeras, que en la jerga judicial se conoce como "exequatur".
Así, la Corte coincidió con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Para la funcionaria, los bonos de Claren Corporation están comprendidos en las medidas dispuestas por el gobierno nacional desde 2001 ante la imposibilidad de afrontar el pago de los servicios de la deuda pública en las condiciones pactadas.
Además, dijo que el reconocimiento formal del default el 24 de diciembre de 2001 incluyó la declaración por parte del Congreso de la Nación argentino de la "emergencia en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria".
Y que esto se hizo con "instrucciones dirigidas al Poder Ejecutivo para que iniciara las gestiones tendientes a reestructurar la deuda pública y ajustar sus servicios a la capacidad de pago del Gobierno Nacional".
El fallo de la Corte Suprema representa un alivio para la Argentina y sienta un precedente para futuras demandas de índole similar.
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