Un proyecto de ley que se presentó por primera vez a fines de 2012 en la legislatura bonaerense está generando cruces entre empresarios y legisladores. Se la conoce como "Ley Posnet" y fue presentada por Gustavo Oliva, senador por Frente para la Victoria (FPV) en la provincia de Buenos Aires. Esas dos palabras provocan polémica en algunos sectores que no quieren que la ley se apruebe tal como está escrita. ¿Pero por qué?
El objetivo es obligar a todos los comercios a instalar terminales electrónicas de pago, para que los consumidores puedan pagar con tarjetas de crédito y débito si así lo desean. El proyecto está dirigido a personas físicas o jurídicas que presten bienes o servicios, pero quedarían excluidos aquellos que tengan ingresos brutos inferiores a la categoría E de Monotributo, de hasta $144.000 anuales.
"Ya fue aprobado por el Senado en 2012, pero está frenado en Diputados", aseguró Oliva en diálogo con Infobae. Y anticipó: "Espero que sea tratado en las primeras sesiones de este año". El texto también propone que cada comercio elija la entidad bancaria y sucursal que desee para desarrollar la operatoria, e involucra al Poder Ejecutivo para que se controle el cumplimiento.
La reglamentación establece un plazo de un año para que los comercios se adapten una vez aprobada la ley, y el incumplimiento se castiga con apercibimientos hasta clausuras, suspensiones y pérdidas de licencias y privilegios. Como está planteado, el proyecto de ley preocupa a los comerciantes. La Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) ya se manifestó en contra, y sostuvo que afectará principalmente a las PyME porque grava un costo "demasiado oneroso" para los pequeños comercios.
Ezequiel Lauría, secretario General de la FEBA, planteó que la Provincia le entrega "un gran negocio a una empresa privada", pues calculan que se van a instalar 500.000 terminales por $125 millones. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) se reunió esta semana con diputados bonaerenses para que consideren la iniciativa. "Puede resultar poco práctico y de dudosa aplicación", aseguraron en un comunicado, donde apuntan que la legislación afectaría a las pequeñas y medianas empresas.
La discusión impositiva
"Están abriendo un paraguas por las dudas", contraatacó Oliva. El senador oficialista explicó que hay 1,4 millones de contribuyentes de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 52% son monotributistas. "Con esta ley, sólo el 10% de todos los monotributistas es alcanzado por el proyecto", adhirió. Y con una sola frase lanzó una fuerte crítica a los empresarios: "Acá se está ocultando que los sectores anotados como responsables inscriptos no quieren empezar a pagar IVA".
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) respalda el proyecto de Oliva. El director ejecutivo, Iván Budassi, destacó como principales ventajas la mayor seguridad que brindará a ciudadanos y comerciantes al reemplazar el dinero por el plástico, así como la posibilidad de que los consumidores elijan con qué medio de pago quieren abonar.
"El 80% de los restaurantes, balnearios y hoteles de la costa no aceptan tarjeta. Cabe preguntarse hasta qué punto los bonaerenses podemos ejercer nuestro derecho como consumidores", aseguró a Infobae. Los controles de facturación realizados en la costa durante el verano demostraron que los comercios que no aceptan pagos con tarjeta "facturan entre 300% y 1.000% más" cuando los inspectores controlan de forma presencial.
Carlos de la Vega: "Si se quiere aplicar, habría que subir los topes del monotributo"
Carlos de la Vega, presidente de la CAC, no desterró del todo la idea de la ley, pero aclaró que si se quiere aplicar se deben subir los topes de monotributo "de manera significativa". En diálogo con Infobae, aclaró que la normativa no puede imponer el uso de tarjetas a comercios con ventas menores de $1.000 por día. "Debería ser para aquellos con ventas mensuales desde $60.000 a valores de hoy", opinó.
Si bien comparte con ARBA el objetivo de que no haya evasión fiscal, sentenció que "las leyes no modifican la realidad". "Hay miles de PyME unipersonales y familiares que no tienen la estructura necesaria para tener lo que establece el sistema. Incluso existen lugares del Gran Buenos Aires donde ni siquiera hay teléfono porque se robaron los cables", sentenció.
Cómo funciona el sistema
Hay cuatro empresas privadas en la Argentina que ofrecen terminales electrónicas de pago: Visa (LaPos), Mastercard (Posnet), American Express y Diners. Las dos primeras concentran la mayor parte de operaciones del mercado.
El servicio básico cuesta entre $144 y $217 más IVA por mes, a lo que se deben agregar los costos de mantenimiento de una cuenta bancaria elegida por el comerciante. La cifra así rondaría los 400 pesos, según el tipo de cuenta. La terminal de captura –comúnmente llamada "maquinita" o "Posnet"– se entrega en comodato, y el servicio suele otorgar bonificaciones de hasta seis meses. Los bancos también utilizan promociones para atraer a los comerciantes.
Si el negocio aún no posee una línea fija, a ese monto se le debe sumar la tarifa telefónica. Por ese pago mensual, las empresas otorgan servicio de mantenimiento los siete días de la semana y se hacen cargo del costo de la carga del papel en la "maquinita", entre otras cosas. Ahora, ¿qué costos tiene para el comerciante?
Este tipo de transacciones tienen un impuesto del 1,5% para tarjetas de débito y del 3% para tarjetas de crédito que son asumidos por el comercio. Además, los pagos no se efectivizan de manera inmediata: con débito se acreditan en 48 horas hábiles, mientras los efectuados con tarjeta de crédito en 18 días hábiles.
Para comercios más chicos –como deliverys, artesanos y servicios a domicili- se habilitó un nuevo tipo de tecnología para el que sólo se necesita un celular. Un pequeño dispositivo con lector de banda magnética se inserta en la entrada mini-jack del celular. Luego se descarga una aplicación en smartphones o tablets para poder efectuar el uso. Tiene un costo de entre 40 y 50 pesos por mes, aunque también se ofrecen bonificaciones con esta tecnología.
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