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Gerardo Fogliacco, juez letrado de Primera Instancia en lo Penal del Segundo Turno de Maldonado, Uruguay, decretó la incautación y el secuestro del yate de un millón de dólares atribuido al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime. El barco, que se llamaba Capricornio, se encuentra bajo la custodia de la dirección del Puerto de Piriápolis, lugar donde fue hallado por Interpol en diciembre pasado.

La información sobre la decisión del juez uruguayo pone a resguardo la nave, que quedará varada mientras la justicia argentina continúe la investigación para determinar fehacientemente si es de Jaime. Existía riesgo de que si no se resolvía la situación judicial en breve, los dueños se lo llevaran.  La última información que había llegado desde Uruguay era que en los tribunales del país vecino esperaban un exhorto de la justicia argentina para poder mantener el yate en ese país.

En la Argentina, el juez Sebastián Casanello tiene a cargo la investigación por el enriquecimiento ilícito del ex funcionario con más causas abiertas por casos de corrupción. Envió el exhorto y la Justicia uruguaya procedió de acuerdo a lo solicitado.

Entre los tantos bienes que se sospechan que son de Jaime –un avión, casas, un hotel, autos, etc- está el yate construido por el astillero Altamar. La embarcación fue comprada por una sociedad constituida en los Estados Unidos. La persona autorizada a retirarla del astillerora el ex asesor y testaferro de Jaime Manuel Vázquez. Y cada cosa que hizo Vázquez durante los años en los que Jaime manejó millones en subsidios al Transporte, fueron en nombre del ex secretario de Estado.

Los investigadores determinaron que participaron de la compra dos abogados de estrecha relación con la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que debía ser controlada por Jaime. Los abogados Carlos Lluch y Raúl Viola fueron indagados-como testaferros de Jaime- por Casanello junto con el fiscal Carlos Rívolo. Lluch, el cerebro de la operación, aseguró que realizó la compra para una sociedad propiedad de un contador uruguayo. Ese contador falleció poco tiempo antes de la declaración de Lluch y los familiares hicieron saber que nunca pudo haber comprado ese barco.

Según fuentes judiciales, el juez Fogliacco también ordenó, el 23 de diciembre pasado,  que se reúna toda la documentación relacionada con el barco donde figuren las personas autorizadas a moverlo, la guardería donde lo alojaban y, por ejemplo, los certificados de carga de combustible. Fogliacco pidió que el juez de Paz de Piriápolis tome los testimonios a todas las personas que estén vinculadas con el yate tal como lo solicitó el juez Casanello. Será la Prefectura del Uruguay la que se encargue de hacerlo.

El yate de un millón de dólares tiene el nombre cambiado pero conserva la misma matrícula que poseía en 2010 cuando el anterior juez del caso, Norberto Oyarbide, pidió a Interpol que fuera secuestrado. El procedimiento demoró unos años, pero finalmente el yate fue encontrado.

Los investigadores judiciales, creen que ese millón de dólares que costó la embarcación fue pagado por Jaime con dinero negro obtenido mientras era funcionario público del kirchnerismo. El yate estuvo por Brasil, donde Jaime y algunos de sus familiares/testaferros tienen intereses. Pasó por Uruguay para ser reparado o, como se sospecha, modificado para evitar que Interpol lo detectara. Pero la estrategia falló. Solo resta saber quién figura como dueño. Jaime negó que fuera suyo. Como hizo con casi todos los bienes que la Justicia determinó que fueron adquiridos por sus testaferros: familiares o prestanombres que no pueden justificar de dónde obtuvieron el deinero para las adquisiciones.