A la par que ya se avanzó en el dinero a modo de compensación que nuestro país entregará a Repsol a raíz de la expropiación del 51% de las acciones, la Justicia ya recibió un informe parcial sobre la tasación en el marco de una investigación que intenta determinar si la indemnización acordada se hizo o no respetando lo previsto en la ley.
La investigación data de 2006 por una denuncia de la diputada Elisa Carrió y recobró impulso cuando a fines del año pasado el fiscal federal Ramiro González imputó al ministro de Economía, Axel Kicillof; al Secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y al CEO de YPF, Miguel Galuccio, a la par que pidió una batería de medidas de prueba.
El fiscal a partir de lo denunciado por la diputada pidió conocer si se avanzó en el acuerdo sobre la indemnización sin que haya intervenido antes el Tribunal de Tasación. Así fue como el juez Ariel Lijo encomendó una suerte de peritaje a ese organismo para conocer cuánto vale YPF.
Según informaron fuentes judiciales a Infobae, hasta el momento lo valuado por el Tribunal de Tasación es de 1.000 millones de dólares y comprende, entre otras cosas, YPF Chile, YPF Brasil, las estaciones de servicio de todo el país; así como los aviones y los camiones de la empresa.
Se trata de un adelanto que recibió el juez sobre cómo avanza la tasación, ya que aún resta que se valúe las petroquímicas, las destilerías y la parte intangible de la empresa, esto es el know how y la marca.
Esta semana el Gobierno argentino y la petrolera acordaron el pago de 5.000 millones de dólares en bonos como parte de la compensación por la expropiación de la empresa por ley 26.741 de "la soberanía hidrocarburífera" sancionada y promulgada en mayo de 2012.
Ahora la Justicia tendrá que determinar si el cálculo de la indemnización se hizo respetando lo previsto por la ley, o bien si pudo haber una suerte de "enriquecimiento sin causa" a favor de Repsol.
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