El conflicto por las tierras tomadas en el sur de la Ciudad amenaza con prolongarse al menos por el fin de semana. Sucede que mientras la justicia y las autoridades porteñas negocian una salida consensuada, en las últimas horas llegaron más familias a ocupar el predio. Los vecinos dicen que se duplicó el número de personas desde que comenzó la disputa, a principios de la semana.
"Vamos a aguantar porque necesitamos el lugar de verdad. Hay muchos chicos y mucha gente que necesita de verdad. Le pido por favor al señor juez que no inicie el desalojo. Nosotros necesitamos una solución inmediata", declaró en radio La Red Juan, uno los ocupantes.
Además, durante la madrugada algunas personas lograron "colgar" un cable a la red de iluminación pública y se improvisó una instalación que lleva energía a las familias que sueñan con que el predio se transforme en su futuro hogar.
El juez de la causa, Gabriel Vega, había anunciado que a media mañana adoptaría una decisión sobre el desalojo de las familias. Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de gente, se hace difícil pensar en este tipo de salida.
Uno de los delegados de los vecinos aseguró que en la reunión no tienen representantes y que no abandonarán el predio. "No nos vamos nada; la lucha es espalda con espalda", señaló.
Ayer, los ocupantes decidieron desconocer un acuerdo que habían firmado la noche del miércoles. Dijeron que las actas aportadas por el gobierno porteño no tenían validez y exigen subsidios y soluciones habitacionales.
La ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Stanley, aseguró que no van a negociar más con los usurpadores y se complicó más la situación. El gobierno de Mauricio Macri tiene la convicción de que no le dará viviendas a las personas que ocupen tierras públicas.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación se indicó que en la toma se tramitan dos causas, la primera de índole contravencional, que lleva el fiscal Carlos Gorlero, por usurpación de un terreno, propiedad del gobierno porteño. La otra es contenciosa administrativa, ya que los vecinos demandan al gobierno de Macri por el no cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la villa.
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