Apelación clave de Argentina contra los holdouts en la Corte de EEUU: si pierde, entra en default

Este lunes es la fecha límite para que los abogados que representan al país pidan al tribunal que revise el fallo del juez Thomas Griesa que benefició a los tenedores de bonos que no entraron en el canje de la deuda

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La Corte de Apelaciones de
La Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la orden del juez Thomas Griesa.  162

El gobierno argentino, a través del abogado Paul Clement, presentará este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente a la causa en la que enfrenta a los holdouts.

Los bonistas que ingresaron al canje que integran el Exchange Bondholder Group, que lidera Gramercy, y otros fondos como Fintech, podrían realizar una movida en el mismo sentido y apelar ante el máximo tribunal, debido a que en este caso el fallo de Thomas Griesa los afecta directamente como inversores.

La presentación judicial se realizará en el mismo día que vence el plazo y fue confirmada por fuentes allegadas a la Unidad de Reestructuración de Deuda, liderada por el ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

El fallo del juez Thomas Griesa fue dividido en dos por la Corte de Apelaciones de Nueva York. El tribunal de instancia el pasado 23 de agosto avaló el pronunciamiento del juez Griesa, aunque dejó en suspenso la instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronuncie en torno a ellos.

Técnicamente, Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones, que aprobó el método de pago propuesto por Griesa. Así, el país buscará que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y rechace tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje u$s1330 millones (actualizables según corran intereses), con fondos destinados por Argentina al pago a los bonistas que ingresaron al proceso de reestructuración de 2005 y 2010.

El primer fallo ya fue rechazado para su tratamiento por la Corte Suprema, con lo que la estrategia oficial se centrará en intentar demostrar al máximo tribunal la falta de equidad que existiría en el pago a los holdouts y fondos buitre (que reúnen el 7% que quedó en default), respecto de los bonistas del canje.

A esto se suma la decisión del Poder Ejecutivo de reabrir el canje, que ya está aprobado por el Congreso de la Nación y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.

El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien liderará el proceso con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, que históricamente defendió a la Argentina en esta causa.

Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su carrera el récord de haber participado en 41 litigios en la instancia del máximo tribunal de Estados Unidos (16 en los últimos dos años). En 2005, fue nominado por el ex presidente George W. Bush para el cargo de procurador general, en reemplazo de Theodore Olson.

Paul Clement, el abogado que
Paul Clement, el abogado que representa al país.<br> AP 162

Olson, casualmente, fue el abogado que representó a los fondos buitre en la audiencia celebrada en febrero de 2013 contra el país en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Más allá de la estrategia que planea llevar adelante el gobierno argentino, los especialistas que siguen de cerca el denominado "juicio del siglo" coinciden en que será muy difícil revertir el fallo del juez Griesa, ya que hasta el momento primó un criterio cerrado y "legalista" desde el punto de vista de las tenencias en default de los acreedores.

Sin embargo, existen interrogantes sobre cómo está redactado el fallo en el método de pago previsto para los holdouts, en especial en lo que respecta a si viola la Ley de Inmunidad Soberana y la Ley de Propiedad Privada para los inversores en EEUU.

El gobierno de los Estados Unidos tuvo participaciones de "amicus" a favor del país en instancias anteriores en 2012, considerando que se violó la Ley de Inmunidad soberana y que afectaba las relaciones internacionales de ese país.

Durante los últimos meses, ante la posibilidad de que Argentina pueda  ingresar nuevamente en default técnico, el fondo Gramercy contrató un asesor legal y otro financiero, LinKlater y Deutsche, respectivamente, con el objetivo de llevar adelante un canje entre privados. La idea es negociar directo con fondos buitre para comprarles sus tenencias a un valor menor al 100%, pero mayor al que el gobierno argentino ofrecería en el Canje III. Hace poco, Paul Singer, el dueño del fondo Elliott, consideró a esa oferta de "bizarra" y ratificó su aspiración de negociar de manera directa con Argentina.

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