La llamada Ley de Exclusión Aérea "fue aprobada la noche del viernes 17 de enero en un solo debate" por 80 de los 128 diputados del Congreso Nacional, la mayoría oficialista, en una sesión extraordinaria a la que sólo asistieron 81 legisladores, afirmó el opositor Marvin Ponce, el único que votó en contra de la norma. La ley establece una serie de pasos que deben seguirse antes de que una aeronave sea atacada por ser sospechosa de traficar estupefacientes, indicó Ponce, diputado del minoritario y opositor Partido Unificación Democrática.
"En el caso de que se detecte una aeronave no identificada, será sometida al uso progresivo de la fuerza, a través de la interceptación y, como máximo, la neutralización definitiva de la amenaza, es decir, derribarla", orden que sólo dará el secretario de Defensa, cargo que ahora ocupa Marlon Pascua, explicó el legislador.
La ley también crea una "zona exclusiva aérea" en los departamentos caribeños de Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía y Olancho, oriente, los más utilizados por los narcotraficantes para aterrizar aviones cargados con drogas.
El tráfico aéreo de drogas es uno de los problemas más serios para los países centroamericanos. América Central ha sido una ruta tradicional para el tráfico de drogas, especialmente de cocaína elaborada por cárteles de Colombia que establecieron alianzas con bandas locales para asegurar la custodia de sus cargamentos. Grupos locales solían encargarse del movimiento terrestre de los cargamentos hacia el norte, además de custodiar el aterrizaje y la descarga de aeronaves o el abastecimiento de lanchas rápidas y submarinos.
Pero en los últimos años, las organizaciones colombianas cedieron paulatinamente el espacio a cárteles mexicanos, que mudaron a la región una parte de sus operaciones de narcotráfico. Estas bandas criminales aprovechan los huecos en la vigilancia de los radares que existen en la región y sacan ventaja de los escasos recursos oficiales para vigilar el territorio.
¿Qué pasa en otros países de América Latina? Meses atrás, Infobae América relevó la posición de los países de la región sobre este tema:
Argentina: aún no cuenta con una ley de derribo de aviones. La oposición presentó tres proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, pero el oficialismo se opone a su aprobación.
Brasil: la norma fue aprobada en 2004 durante el gobierno de Lula. Se permite derribar aviones ilegales, aunque establece nueve procedimientos que se deben cumplir antes de disparar. Los únicos que pueden ser abatidos por los militares son las naves que corresponden al narcotráfico. Mientras que los aviones de otros países serán advertidos. En tanto, únicamente las fuerzas aéreas pueden atacar la nave en cuestión con la aprobación del presidente.
Bolivia: el mandatario Evo Morales logró la aprobación de la ley de derribo de aviones. Ésta será aplicable a las "aeronaves civiles, nacionales y extranjeras que se encuentren operando en el espacio del Estado boliviano" de forma ilegal. Lo que busca atacar el Gobierno es el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.
Colombia: es uno de los pioneros en esta actividad. Con la presencia de la guerrilla en su país, el gobierno colombiano desde hace años cuenta con una ley de este tipo para combatir el narcotráfico. El país ha sido una de las principales rutas del tráfico de drogas y armas.
Chile: también dispone de una ley de derribos, que fue sancionada durante el gobierno social demócrata.
Ecuador: el hecho de limitar con Colombia hizo que ese país también sancionara esta ley para evitar cualquier penetración de las guerrillas y los cárteles narco.
Paraguay: no posee una legislación de este tipo, pero en los últimos tiempos comenzó a impulsar un proyecto para su aprobación. Paraguay limita con la Argentina y Brasil, dos países que últimamente están siendo utilizados como ruta para el tráfico de drogas.
Perú: es uno de los pioneros junto con Colombia. Desde la década del noventa tiene un marco regulatorio.
Uruguay: cuenta con normas para controlar su espacio aéreo, incluido el derecho a derribar aeronaves hostiles o que se sospeche que participan en actividades ilegales.
Venezuela: el presidente Nicolás Maduro aplica la Ley de Interceptación Aérea, promulgada por el presidente Hugo Chávez en 2011, contra aquellos aviones que utilicen el espacio aéreo para traficar drogas.
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