Carlos Reyles no tiene más de 1.000 habitantes, pero, al parecer, sus vecinos más jóvenes no eran muy afectos a respetar la paz del lugar. Ante las constantes denuncias de desórdenes callejeros, el juez de Paz decidió aceptar un pedido de "toque de queda" presentado por la Policía.
Desde el 7 de enero, los menores de 18 años que se encuentren en la calle luego de la medianoche son detenidos y devueltos a sus hogares. Para el jefe de Policía de Durazno (departamento en el centro del país), José García, se trata de una "medida ejemplar" que se basa en el Código de la Niñez y la Adolescencia uruguayo.
Un vecino consultado por el diario El Observador de Montevideo ha dicho que desde el toque de queda "el pueblo está más controlado", porque "los menores hacían destrozos y no se controlaban".
El juez José Marrero, responsable de la autorización, aclaró que no hay una "orden escrita" para que se les prohíba a los menores circular por la calle, pero sí se decidió coordinar con la Policía para resolver los problemas de inseguridad que afectan a la comuna.
Martín Sbrocca, abogado de Ielsur, organización que defiende los Derechos Humanos, denunció ante el El Observador que la normativa es "inconstitucional". "Para que una persona sea castigada tiene que haber un perjuicio. Acá el perjuicio no puede ser que alguien es peligroso o que la situación es peligrosa", explicó Sbrocca
El Código de la Niñez citado por el jefe de Policía de Durazno establece que si los menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, o sus derechos se ven amenazados, el juez puede aplicar una medida de internación.
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