Con su potestad legislativa cooptada parcialmente por el Poder Ejecutivo, habilitado para aprobar decretos con rango de ley hasta noviembre de 2014, la Asamblea Nacional concentrará su trabajo este año en investigar a la oposición y a la disidencia, autorizar créditos adicionales al Palacio de Miraflores, aprobar el nombramiento de funcionarios y suscribir acuerdos políticos planteados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La proyección de este escenario no es más que un espejo de lo que se vio el año pasado, donde la prioridad del órgano legislativo no fue la sanción de leyes precisamente: de las 30 iniciativas que hubo en la agenda sólo se aprobaron 16, junto a otras cuatro enviadas por el Ejecutivo. Además, 11 de esas 20 normas sancionadas aún no han sido promulgadas por el presidente Nicolás Maduro, y la Junta Directiva tampoco corrigió esa omisión como indica la Constitución.
El Parlamento tampoco fue un foro para el diálogo plural ni para la representación de las regiones, ya que ninguno de los 31 debates planteados por la Mesa de la Unidad fue admitido. Pero como si todo esto fuera poco, también hubo lugar para la agresión física y jurídica: ocho diputados golpeados en una trifulca, el bloque completo silenciado durante tres semanas, dos parlamentarios despojados de su inmunidad y tres bajo amenaza, otros dos vetados por 30 días y cuatro separados de la presidencia de las comisiones permanentes.
La otra atribución con la que cuenta la Asamblea, el control político, se concentró en dirigentes de oposición y disidentes del PSUV: se aprobaron cuatro informes de responsabilidad política, pero ninguno contra algún funcionario o miembro del oficialismo. No hubo interpelaciones, sino invitaciones a ministros y viceministros, y además se aprobó una inédita condena contra un partido político (Primero Justicia) acompañada de una denuncia en una fiscalía.
Crédito asegurado
Con respecto a la política financiera del organismo legislativo, de los 262 préstamos adicionales que solicitó el Ejecutivo ninguno fue cuestionado. Algo que produjo prácticamente un presupuesto paralelo aprobado por esa vía, casi igual al presupuesto ordinario.
El presupuesto aprobado para 2014 (552,6 millardos de bolívares, equivalentes a casi 88.000 millones de dólares del cambio actual de 6,3 bolívares por dólar) es inferior al monto ejecutado en 2013 (396,4 millardos de bolívares, u$s 92.000 al cambio de ese momento de 4,3 bolívares por dólar), incluyendo los créditos adicionales aceptados por la bancada oficialista.
Por la vía de créditos adicionales, el Legislativo autorizó al Ejecutivo una suma de 279,9 millardos de bolívares. En total, en 2013 el Gobierno gastó 676,3 millones de bolívares. Esta cifra es 123,7 millardos de bolívares menor al presupuesto ordinario total proyectado para este año.
Frente a este panorama, a menos que la administración de Maduro implemente una fuerte política de reducción del gasto público y la inflación baje de manera importante, el año que acaba de comenzar podría provocar la aprobación de desembolsos adicionales desde la Asamblea Nacional por más de 120 millardos de bolívares, según publica el diario El Nacional.
Seguirá la falta de diálogo
La restitución de la concordia, el consenso y el diálogo parecen poco probables para el año que se inicia en el Parlamento. Porque mientras Maduro abrió un proceso de acercamiento político con la oposición representada en la Mesa de la Unidad, el presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, quien seguramente será reelegido en el cargo este domingo, se negó al acercamiento.
A través de un documento divulgado el 23 de diciembre pasado, Cabello fue enfático al señalar que no hay diálogo posible con la MUD, a la que tildó de "festín de hienas". Y luego afirmó que todos estos años los opositores han recibido del Gobierno "el tratamiento que se merecen".
En este sentido, el especialista en derecho parlamentario y profesor de la Universidad Monteávila, Juan Miguel Matheus, afirmó que "Diosdado Cabello convirtió a la AN en el Parlamento
al gobernarla
Matheus añadió: "En caso de que la Asamblea finalice la moratoria en el nombramiento de magistrados, rectores electorales y el contralor, estos serán funcionarios comprometidos con la revolución y serviles al proyecto de dominación que es la revolución bolivariana. Algo que llevará a una menor división de poderes y mayores violaciones de la Constitución".
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