El juez de instrucción Nº 1 Hernán López dispuso dos medidas clave en la causa en la que se investiga una presunta estafa a los padres del colegio Guido Spano, que intempestivamente cerró sus puertas ayer, luego de haber cobrado la matrícula a los alumnos.
En primer lugar, ordenó el allanamiento a la sede que durante 92 años ocupó el colegio. La medida se llevó a cabo sobre las 17:10 horas, cuando cinco efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal ingresaron al lugar, con el fin de buscar documentación que aporte pruebas al expediente. Según contó uno de los padres, en el lugar está la ex directora para colaborar con la clasificación de los papeles.
A la par, mandó a allanar la casa del propietario del colegio, Mauricio Carlos Gastón Sánchez, le prohibió salir del país y lo embargó por 1,5 millones de pesos. Los padres de los alumnos lo acusan de "vaciar" el colegio y anunciaron que la semana próxima presentarán un recurso de amparo "para que se garantice el derecho a la educación" de sus hijos.
"Detrás de todo esto hay un gran negocio inmobiliario para juntar dos parcelas y construir una torre, a costa de la comunidad educativa, que incluye a los chicos. La responsabilidad es de los dueños de unas sociedades anónimas que se vendieron entre ellas. Hay que ver quiénes son y qué hicieron para que vayan presos", disparó al respecto la comunera de Recoleta, Gabriela Castillo.
Buscando llevar tranquilidad a la comunidad educativa de la escuela, la rectora de la Dirección General de
de Gestión Privada del gobierno porteño, Beatriz Jáuregui, quien estuvo presente en el allanamiento en el colegio,
, y con representantes gremiales, para tratar la situación administrativa y legal del personal y de los alumnos.
Según el gremio SADOP, "el gobierno porteño se comprometió a recuperar la documentación y a buscar vacantes para los chicos".
Los docentes que concurrieron a la reunión cuestionaron que el gobierno porteño subsidie sociedades anónimas como éstas y protestaron porque los controles no llegaron a verificar los manejos comerciales que se estaban realizando entre dos sociedades anónimas.
Jáuregui negó que no se hayan hecho los controles al colegio y que "nada hacía pensar que esto iba a suceder". "La fiscalía determinará si hubo comisión de delito y las sanciones correrán por cuenta de la Justicia", concluyó.
El legislador porteño Jorge Quito Aragón salió al cruce de esas declaraciones. "El Estado porteño no se responsabiliza por la situación de los colegios", sostuvo.
El legislador criticó las "dificultades relativas con los salarios docentes que se suceden año a año", el "reciente escándalo por las inscripciones online", y las tomas de los colegios secundarios a causa de los recortes de presupuestos, las viandas de alimentación y el cierre de cursos.
Y recordó que "esta gestión intentó implantar cámaras de vigilancia en las escuelas, denunciar la participación política de los alumnos, someter a evaluación unilateral a los docentes o modificar los planes de estudios de las instituciones técnicas, por citar algunos de ellos".
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