En medio de la ola de protestas que despertaron las fallas en el sistema eléctrico, que mantienen a numerosos barrios de la Ciudad y el Conurbano sin luz desde hace varios días, el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, volvió a amenazar hoy con rescindir el contrato de las prestadoras. Esta vez sumó además al gobierno de Mauricio Macri y al de Daniel Scioli a la discusión, al sugerir que podrían pasarles a sus distritos el control del servicio.
El gobierno porteño tomó el guante primero y rechazó la posibilidad. "Es muy difícil que nosotros nos hagamos cargo de las empresas de energía", aseguró en InfobaeTV Edgardo Cenzón, quien asumió días atrás el cargo que ocupaba el ahora senador Diego Santilli.
"Por cómo es el sistema de generación y distribución, Edesur y Edenor exceden el límite geográfico de la Ciudad", explicó el ministro. "No podríamos hacerlo, no es viable", insistió.
Cenzón admitió que "lo que se puede hacer es regular de alguna manera" la extensión del servicio, pero advirtió que sería imposible una solución inmediata ya que ello llevaría mucho tiempo. "Es un tema bastante complejo como para analizarlo en un momento de crisis", remató.
El funcionario evitó responder si la intención del kirchnerismo con esta propuesta era desligarse del problema. Pero otra figura del PRO, el legislador Cristian Ritondo, no dudó en denunciar que "se están sacando un problema de encima".
"A mí me parece que hay un gobierno nacional que todo lo que terminó de destruir quiere pasárselo a otro. Me da la impresión de que con la distribución de energía pasa lo mismo que con una casa a la que no se le han cambiado los cables durante años y cualquier recalentamiento genera los cortes que tenemos", resaltó Ritondo en diálogo con radio La Red.
El vicepresidente primero de la Legislatura porteña pidió que el Poder Ejecutivo Nacional realice una autocrítica por la falta de inversión e infraestructura, ya que los inconvenientes con la luz no pueden solucionarse de un día para el otro.
El gobierno nacional y la Ciudad protagonizaron una larga pelea cuando la presidente Cristina Kirchner inició la etapa de "sintonía fina" y ordenó traspasar el control de los subterráneos. Finalmente, a principios de 2013 la administración de Mauricio Macri comenzó a controlar a las seis líneas y el Premetro. No hubo cambios en la concesión del servicio pero sí aumentos en la tarifa, hoy en $3,50.
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