El diputado porteño por el PRO Martín Ocampo reemplazará en marzo a Martín Garavano como titular de la Fiscalía General Porteña. Su designación, hace poco más de 10 días, fue resistida por varias organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ADC, Poder Ciudadano, FEIM y el Inecip. Sin embargo, el partido de Mauricio Macri logró imponer con su mayoría la aprobación de su pliego.
En la impugnación, las ONGs habían dicho que por su condición de parte del oficialismo porteño, "no da garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere". Y subrayaron que tal característica es "fundamental en un organismo que debe actuar en las causas judiciales de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno". La crítica es similar a la que en su momento le hicieron a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En diálogo con radio América, Ocampo se defendió de las acusaciones. "En ningún caso terminan de dar cuenta de la realidad y son todas especulaciones", sostuvo. Y señaló que las objeciones en su contra "están en el terreno de las hipótesis y único límite es la imaginación".
Para intentar probar su independencia, negó estar afiliado al PRO –pese a que es diputado por ese espacio– y aseguró que en la Legislatura tuvo "muchas votaciones distintas a lo que pensaba el jefe de Gobierno". En ese marco, reclamó que se le aplique "el principio de inocencia".
Sin embargo, reconoció que el cargo de fiscal tiene "una función política dentro del mando de las instituciones judiciales".
En la sesión en que fue votado su pliego también se designó al camarista Osvaldo Corti como defensor general, en reemplazo de Mario Kestelboim, y a Yael Bendel como titular de la Asesoría Tutelar, en lugar de Laura Musa.
El nombramiento de Bendel también fue objetado por "no ser especialista en la temática". Las ONGs que la impugnaron recordaron que su "único" antecedente es haber "ocupado cargos en el Poder Ejecutivo, a los que no accedió mediante concurso".
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