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La autoridad electoral de Colombia anunció que convocará un referendo para que la ciudadanía decida si revoca el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por un proceso diferente al que la semana pasada llevó a su destitución del cargo, fallo que todavía no está en firme.
El anuncio lo hizo el titular de la Registraduría Nacional (órgano electoral), Carlos Ariel Sánchez, quien dijo que será la Registraduría Distrital la que convocará el referendo en un plazo de aproximadamente dos meses.
Para que surta efecto la revocatoria, sea por el sí o por el no, es necesario que acudan a las urnas un mínimo de 1,2 millones de ciudadanos. El registrador Carlos Ariel Sánchez afirmó a la W Radio que se espera que la consulta se concrete en febrero del 2014.
Según detalló El Tiempo, la Registraduría avaló 357.250 firmas, más de las mínimas requeridas para que haya votación (se necesitaban 289.263). Las firmas fueron recogidas este año por el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, del partido de La U, quien promueve la revocatoria de Petro con el argumento de que no ha cumplido su programa de gobierno. Las firmas fueron radicadas ante la Registraduría el 18 de abril.
La pesadilla del ex guerrillero
El 9 de diciembre, el procurador general de la República de Colombia, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución y la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos del alcalde de Bogotá Gustavo Preto, como resultado de una investigación donde se determinó que actuó con dolo al reformar el sistema de recolección de basura, lo que generó una "grave emergencia" en la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012.
En aquel momento, la decisión de la Alcaldía fue apostar a que el servicio lo prestara exclusivamente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, lo que sumió a la ciudad en un caos, ya que durante varios días la basura quedó en las calles sin ser recolectada.
El procurador general consideró que el funcionario causó un daño a la ciudad por haber ordenado un cambio en el esquema de recolección de basura.
En su acusación, el Ministerio Público señaló que Petro improvisó y no planeó la implementación del esquema y la inclusión de la población recicladora de la ciudad, tal como se lo ordenó la Corte Constitucional.
Las argumentaciones, tal como las describe El Tiempo, se pueden resumir en cinco puntos, que fueron "probados con grado de certeza":
1. Improvisación: la Procuraduría determinó que Petro, "de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad". Esto dio como resultado "la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012".
Añadió que también hubo "deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados", lo que generó detrimento al patrimonio y obligó a que el distrito volviera a contratar a los operadores privados, "de quien, dijo el Alcalde, pretendía descartelizar".
El procurador agregó en este primer aspecto que Petro "asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el 100% de la ciudad, pese a que conocía que la Empresa de Acueducto y Aguas de Bogotá eran incapaz de prestar el servicio de aseo".
2. Modelo fuera de la ley: Ordóñez afirmó que "la Procuraduría demostró en certeza que el señor Alcalde Mayor, de manera libre, consciente y voluntaria, implementó con el decreto 564 de 2012 un nuevo modelo para el aseo por fuera de la ley. Se demostró que los artículos seis, ocho y nueve de dicho decreto vulneraron los principios de libre empresa y competencia, pues se impusieron instrucciones y limitaciones para que otras empresas distintas a las del distrito prestaran el servicio de aseo desde el 18 de diciembre de 2012".
3. Petro sabía que era ilegal: el procurador afirmó que quedó probado que "las conductas fueron tomadas por el alcalde de forma consciente y voluntaria, sabiendo que eran irregulares", como lo habían advertido varias entidades, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente, entre otras.
4. No era necesario un nuevo esquema: el jefe del Ministerio Público recordó que uno de los argumentos de defensa del Alcalde Mayor fue que actuó para cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional y la disposición de hacer partícipes a los recicladores del modelo de aseo.
Sin embargo, dijo Ordóñez, "lo dispuesto por la Corte no condicionó un nuevo modelo de aseo, ni mucho menos que ese modelo estuviera por fuera de la ley. No era indispensable que para cumplir con órdenes de la Corte se asignara el servicio de aseo a empresas del Distrito y menos cuando eran incapaces de asumirlo".
5. Las volquetas: según Ordóñez, "la Procuraduría demostró que el Alcalde de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria cuando autorizó la prestación de servicio de aseo con volquetas, una de las causas por las cuales el 18, 19 y 20 de diciembre se dejaron de recoger entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura". Para el alto funcionario, se vulneró el principio de lealtad de empresa y se puso en riesgo la salud de los bogotanos.
La destitución de Preto, al tratarse de un ex guerrillero y estar en juego el puesto político de mayor importancia detrás de la presidencia, amenaza con hacer temblar toda la política colombiana, con las negociaciones de paz con las FARC y las próximas elecciones presidenciales como trasfondo.
Petro viajó este martes a Washington para presentar sus alegatos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su destitución, con la confirmación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de que acatará la decisión que adopte esa instancia internacional.
Fuentes cercanas al alcalde dijeron a la agencia EFE que Petro partirá hacia la capital estadounidense, donde está la sede de la CIDH, a la que ya ha pedido medidas cautelares y donde permanecerá hasta el viernes para reunirse además con congresistas y defensores de los derechos humanos.
Petro viaja a Washington tras haber sido recibido este miércoles por el presidente Santos, quien dejó claro que mantendrá su neutralidad ante un caso que ha generado una gran controversia en Colombia.