El gobierno de José Mujica logró aprobar, este martes, el polémico proyecto de ley que regula la producción y comercialización de marihuana. Tras su tratamiento en Diputados, el bloque del Frente Amplio consiguió los votos necesarios en el Congreso y ahora sólo resta su reglamentación por parte del mandatario uruguayo.
Sin embargo, la oposición asegura que la normativa es inconstitucional, lo que sugiere que podría ser presentada una solicitud ante el Poder Judicial. Estos son los cinco puntos que podrían hacer dar marcha atrás la legislación, de acuerdo con el periódico El Observador de Uruguay.
1. El senador Luis Alberto Lacalle aseguró que el artículo 2 de la ley crea un monopolio. Ese artículo establece que el Estado "asumirá el control de la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados". Para Lacalle, el Estado tendrá un nuevo monopolio y para ello requiere el apoyo de una mayoría especial del Senado, distinta a la mayoría simple con la que se votó el martes.
2. La oposición remarca que la ley entra en colisión con el artículo 44 de la Constitución, que establece que "el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país". Según el senador y ex ministro de Salud Pública Alfredo Solari, la marihuana "no es inocua", "es dañina", "crea dependencia" y por eso atenta contra la salud.
3. Por otro lado, la aparición del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) fue otro de los aspectos señalados como ilegales por crearse un organismo y un cargo rentado cuando falta menos de un año para las elecciones nacionales, lo que también está vedado por el artículo 229 de la Constitución.
4. Para tirar abajo una ley por la vía del recurso de inconstitucionalidad, hay que ser afectado por ella y que la Suprema Corte de Justicia lo acepte de alguien que tiene legitimidad para recurrirla, según explica el artículo de El Observador. Uno de los que podría hacerlo es el director nacionalista en el Codicen, Daniel Corbo, quien cree que el texto votado viola la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública al obligarlo a crear una materia en concreto.
5. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de la ONU, lamentó la aprobación de la ley de la marihuana en Uruguay y sostuvo que viola tratados internacionales suscritos por el país. La condena de este organismo tiene un fuerte peso sobre el Gobierno.
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