Inversión extranjera y competitividad, objetivos de la reforma energética en México

Después de una maratónica sesión de más de 20 horas en el Senado, México finalmente dejó atrás 75 años de nacionalismo en la industria energética y aprobó la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Para muchos, se abrirá una oportunidad para darle un impulso definitivo a Pemex, la principal petrolera del país, mientras que los más críticos hablan de "traición a la patria". En esa línea, ¿de qué trata esta reforma energética?

Lo primero que hay que señalar es la apertura de la industria de los hidrocarburos a la inversión de empresas privadas nacionales y extranjeras. A través de esta reforma, uno de los principales objetivos será revitalizar la producción petrolera, que permanece estancada desde hace algunos años tras caer 24% desde 2004.

Asimismo, esta norma modificará tres artículos de la Constitución mexicana (25, 27 y 28) sobre la propiedad y explotación de los recursos energéticos. En primer término, será reformado el artículo 27 para levantar la prohibición de capitales extranjeros y, así, dar luz verde a la inversión de empresas privadas. La modalidad que se utilizará para esto último será mediante contratos de servicios, de utilidad, producción compartida, entre otras.

En tanto, el Estado será quien otorgue los contratos a las compañías para la exploración y extracción, a través de una Comisión Nacional de Hidrocarburos. De esta manera, el proyecto subraya que México seguirá siendo propietario de los hidrocarburos. Los más críticos, en cambio, acusan al Gobierno de llevar adelante "una traición a la patria" al sostener que está entregando a los capitales privados la riqueza del país.

No obstante, el artículo 27 establece que "en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación".

En ese sentido, las concesiones no podrán celebrarse en la explotación de petróleo, gas, minerales radioactivos ni en el sistema de distribución eléctrica del país, según consigna El País. Aunque sí podrán incluir las empresas extranjeras las ganancias por explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburo en sus informes contables.

Además, a través de esta reforma las empresas públicas descentralizadas –Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– tendrán un margen de dos años para convertirse en "empresas productivas de Estado". Es decir, lo que intenta conseguir con esto el Gobierno es que estas compañías sean altamente competitivas y alcancen las mejores "prácticas a nivel internacional".

Para la aprobación de esta reforma, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) contó con el apoyo del Partido Verde, y de la derecha, el Partido Acción Nacional. Sin embargo, para lograr la adhesión de la derecha, el Gobierno debió cumplir con uno de los requisitos que imponía el bloque. De esta manera, Peña Nieto apoyó la iniciativa de borrar al poderoso sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex.

El proyecto ya convertido en ley también impulsa la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que gestionará las ganancias de Pemex. El dinero será utilizado para pagar los gastos corrientes, el presupuesto de egreso, financiar proyectos de ciencia y tecnología y cubrir la pensión universal.

Perspectivas a futuro

Con la implementación de esta reforma energética, desde el gobierno mexicano esperan incrementar la producción de petróleo a casi 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025. Es decir, un incremento del 60% con respecto a la producción actual.

Con respecto a la producción de gas natural, ésta podría registrar un aumento de 7,3 miles de millones de pies cúbicos diarios, también para 2025. Lo que representaría un incremento de más del doble de la producción actual.

México podría ver reflejado este desarrollo del sector con un aumento de su Producto Interior Bruto (PIB) en, al menos, 1% anual en 2018 y 1,6% antes de 2025.