Referentes de la oposición rechazaron ayer las designaciones del Gobierno para candidatos a ocupar los cargos de conjueces en la Cámara Federal de Casación Penal, enviadas el pasado jueves al Senado.
La lista está conformada por diez profesionales, entre los que figuran abogados que defendieron al vicepresidente Amado Boudou y a la exministra de Economía Felisa Miceli o que manifestaron públicamente posturas alineadas con el kirchnerismo.
El senador nacional de la UCR Gerardo Morales adelantó que su bloque rechazará los pliegos de los conjueces propuestos por el Poder Ejecutivo.
Morales explicó que "sin lugar a dudas, no se puede objetar el pensamiento de ningún candidato, pero debe haber igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, lo que el Gobierno olvida para tener control político de la Justicia".
En esta línea, consideró que "nuevamente el Gobierno se encamina a las comisiones especiales de juzgamiento con sus militantes" y que "como hace unos meses, vuelve a mandar pliegos para conjueces tomando abogados del padrón del FPV o La Cámpora".
"Como premio a la militancia, el mejor ranqueado es el que más funcionarios o amigos del poder defendió en causas de corrupción en los últimos años", agregó el senador jujeño.
Por su parte, Ernesto Sanz, otro senador de peso en el bloque radical aseguró que con las candidaturas enviadas el kirchnerismo pretende garantizarse la impunidad. "En vez de jueces buscan personas identificadas con el kirchnerismo para ocupar cargos en el fuero penal., que es el que más trabajo tendrá en este final de ciclo kirchnerista en causas por corrupción", sostuvo el legislador de la UCR.
Desde Diputados, la referente de Unión por Todos, Patricia Bullrich adhirió a las críticas al advertir que "serán designados en un tribunal que tiene que decidir sobre causas judiciales que involucran a funcionarios" del Gobierno.
En la lista que despertó el repudio de los legisladores de la oposición se encuentra Martín Ariel Magram, ex defensor de Amado Boudou en una causa en Mar del Plata, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, letrado de Madres de Plaza de Mayo.
También figuran los letrados Alan Iud (abogado de Abuelas de Plaza de Mayo); Marcelo Buigo, quien actuó como apoderado del ministro de Planificación, Julio De Vido, en una causa por calumnias contra la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
Además se encuentran Carlos Alberto Cruz (uno de los defensores de la ex ministra de Economía Felisa Miceli en la causa por el hallazgo de un bolso con dinero); Nicolás Fernando D'Albora, asesor en materia de prevención de lavado de activos del Banco Central y ex defensor ante el Consejo de la Magistratura del juez tributario Javier López Biscayart, primero en investigar el caso Skanska.
La nómina la completan Roberto José Boico (constitucionalista), Norberto Federico Frontini (profesor universitario y ex secretario de la Defensoría General porteña); Raúl Gustavo Ferreyra (profesor titular de Derecho Constitucional, UBA) y Claudio Marcelo Vázquez.
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