"Un porcentaje de los desmovilizados de las FARC se reciclará en la criminalidad"

En noviembre de 2010, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, anunció la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, con la misión de definir una estrategia integral para combatir los delitos que más afectan a los colombianos en las principales ciudades. Así, por primera vez, los asuntos de seguridad y convivencia ciudadana no son un apéndice de las políticas de seguridad nacional.

Francisco Lloreda, quien ocupa el cargo de alto consejero, habló sobre los principales temas en la agenda de seguridad ciudadana de Colombia en una entrevista con la revista DEF que aparecerá en su edición del mes de diciembre y que Infobae adelanta en exclusiva.

-El presidente Juan Manuel Santos se comprometió en campaña a hacer de la seguridad ciudadana una prioridad, y eso significó tres decisiones: definir una política pública de orden nacional, que no existía, porque los temas de seguridad ciudadana eran un apéndice de las políticas de seguridad nacional. Lo segundo, definirla como una política que fuera más allá del componente policivo y que, al tiempo que buscase contrarrestar el delito, también trabajase de manera estratégica sobre algunas de sus causas. Lo tercero es que los puntos anteriores necesariamente exigen un trabajo desde el más alto nivel, pero también de articulación de entidades nacionales y de puente con las ciudades, y para eso se creó inicialmente una Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que desde septiembre se fusionó con una que existía de Seguridad Nacional. Esta Consejería es parte del gabinete, y entre mis tareas está la coordinación de 18 entidades del orden nacional.

-Son dos consejos: uno, ligado con temas de seguridad ciudadana; y otro, con temas de seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional es de carácter consultivo y asesor, y en él participan no solo entidades del gobierno sino del sector judicial; además, se reúne cuando las circunstancias lo ameritan. Como alto consejero llevo la secretaría técnica, lo que significa su convocatoria, el planteamiento de los temas a tratar y la preparación de documentos. Entre los temas, está la definición de un plan nacional de inteligencia y la discusión de una estrategia contra las bandas criminales. Es una instancia de primer nivel que contribuye al análisis de temas de seguridad nacional.

-Colombia ya está en posconflicto. Este no es el primer proceso de negociación ni de desmovilización de grupos armados ilegales. Los más recientes se dieron con las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se estima que 31.000 miembros de las autodefensas se desmovilizaron, así como alrededor de 17.000 miembros de las FARC desde 2005. Cerca de 30.000 continúan siendo parte de programas de integración que el gobierno anterior estructuró y que el gobierno actual ha continuado. Hay una experiencia ganada en este sentido, pero por supuesto, de darse un acuerdo en La Habana y de ser refrendado por los colombianos, se esperaría un proceso de desmovilización de las FARC, y posiblemente del ELN. Lo digo no para minimizar los desafíos propios de una segunda fase de posconflicto, sino para señalar que hay un aprendizaje, bueno, malo o regular. En este momento, la agencia coordinadora para la integración ha estado trabajando en cómo sería ese proceso, entendiendo también los lugares donde están ubicados los frentes de las guerrillas y a partir de lo que se conoce de ambos grupos. Podríamos decir, sin embargo, que se van a requerir unas tareas exigentes para que quienes se desmovilicen se reintegren a la sociedad.

-A juzgar por la mayoría de los procesos de desmovilización, un porcentaje se reciclará en la criminalidad. Esto ya ocurrió en el pasado en el caso de las AUC, y no se puede negar que un número importante de ellos terminaron engrosando las llamadas bandas criminales dedicadas especialmente al narcotráfico. El reto está en buscar que sea el menor porcentaje posible. Entre las lecciones aprendidas de esa desmovilización, está en especial el tema de los mandos medios, porque muchos de quienes se mezclaron en la criminalidad hacen parte de los mandos medios. Un segundo reto estará en lo que conocemos como redes de apoyo al terrorismo o milicias urbanas y rurales, que si bien no son personas uniformadas, en mayor o menor medida han prestado apoyo a las FARC y al ELN, porque es factible que algunos de ellos sean los más proclives a la actividad delictiva. Es importante resaltar que, contrario a lo que se aprecia en el exterior y sin dejar de lado el enorme daño que le hace la guerrilla a Colombia especialmente a través de atentados terroristas –aunque en un  número bastante más reducido de municipios de lo que se cree–, la actividad delictiva asociada con los grupos armados ilegales no es tan alta como parece. Un dato: en lo corrido del año, en Colombia, debemos tener alrededor de unas 9000 víctimas de homicidio; 3800 por accidentes de tránsito; y 565 víctimas directas del conflicto armado interno. Esto es importante para poner en contexto cómo, cada día más, la mayor preocupación de los colombianos pasan a ser los problemas de seguridad ciudadana que los temas de seguridad nacional. En la medida en que se logre un acuerdo con las FARC, ese será el devenir, y cada día hay más sensibilidad de los colombianos sobre los temas que les toca diariamente vivir. Preferimos que este sea el desafío a mediano plazo, y no continuar con esta combinación de formas de criminalidad que tanto daño le ha hecho al país.

-El narcotráfico ha sido por muchas décadas el principal combustible de la violencia. Si Colombia no hubiese tenido narcotráfico, seguramente le habría ocurrido como a otros países de América Latina, donde las guerrillas desaparecieron o solo quedan briznas de ellas. En 1980, las FARC contaban con 900 hombres en armas. Para el año 2000, tenían 16.000. Existe una correlación entre el crecimiento del narcotráfico, inclusive de cultivos ilícitos, y el crecimiento de las FARC. Las circunstancias han cambiado desde el punto de vista del narcotráfico, no solo porque Colombia dejó de jugar un rol protagónico en el tráfico internacional de drogas, sino porque se ha logrado una disminución continua de los cultivos ilícitos en Colombia, aunque persisten. Esto ha significado que lo que antes fue una fuente de financiación muy fuerte para la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia organizada, cada día sea menos, y eso es lo que en parte explica que hayan migrado a otras actividades delictivas, como la minería ilegal, aprovechando el aumento del precio del oro. Pero la realidad de la guerrilla es muy distinta. Los estimativos de las Fuerzas Armadas, gracias a los informes de inteligencia y provenientes de los desmovilizados, es que no llegan a 7000 hombres en armas, lo cual es un número importante, pero es una guerrilla en aprietos; y si no estuviera en aprietos, no estaría negociando. Esta es una información bastante confiable sobre cómo están estructurados los frentes y las columnas móviles, y eso ha de facilitar que, en un proceso de desmovilización, se reduzca al máximo el margen de error y se eviten al mínimo los colados, los que busquen expiar sus culpas a través de un proceso de integración. No es fácil, en eso se está trabajando. En la agenda de negociaciones en La Habana se ha llegado a un acuerdo sobre el segundo punto, y el país espera que, en relación con los otros puntos, se avance lo más rápido posible. Ojalá las FARC entiendan que el tiempo corre en su contra.