En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires avanza un proyecto de ley que busca regular la prestación del servicio de seguridad privada, que le daría a esos agentes la posibilidad de contar con atribuciones propias de la policía.
La iniciativa impulsada por el legislador Iván Budassi (FpV-PJ, alineado con Daniel Scioli) genera el rechazo de la oposición por lo que dice en varios artículos y también porque omite establecer requisitos estrictos para permitir la habilitación de una agencia de seguridad.
Entre los límites se indica que "no podrán ser socios, miembros de cooperativas, directores, miembros de los órganos de administración, gerentes y/o jefes de seguridad" las personas que "posean antecedentes penales, hayan sido condenados o tengan procesos penales en trámite, por delitos dolosos vinculados con la actividad". En este caso se da una omisión significativa, porque sólo son inhabilitantes los delitos relacionados con la seguridad (la actividad), pero no se ven afectados aquellos que registren antecedentes por narcotráfico, robo y demás actividades delictivas.
Entre las nuevas atribuciones de los agentes de seguridad privada, según el artículo 7 del proyecto, "el personal de los prestadores que se encuentre en funciones deberá actuar como agente de seguridad pública en casos de flagrancia", entre los que se incluye un corte de calle; de esta manera, en esos casos los efectivos privados podrían actuar como la policía.
Con respecto al uso de armas, los agentes privados sólo tendrían que realizar un curso de ocho horas diarias durante dos semanas para portarlas y, de ser necesario, utilizarlas.
Otro punto polémico se advierte en el artículo 6, en el que se indica que "las empresas prestadoras de servicios de Seguridad Privada tendrán la obligación de auxiliar a las Fuerzas de Seguridad Policiales en el ejercicio de sus funciones" y se apunta que "la Autoridad de Aplicación, podrá establecer una línea telefónica directa y exclusiva que podrá estar enlazada al sistema 911 u otros servicios provinciales de asistencia a la ciudadanía". Esto implica que las compañías tendrán acceso a información policial.
Críticas al proyecto
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, expresó su desacuerdo con la iniciativa de forma contundente. "Es un disparate, no se puede comparar bajo ningún punto de vista el accionar que tiene un hombre de cualquier fuerza de seguridad con un vigilador privado", consideró.
"No es sólo portar un arma lo que a uno lo hace un hombre competente en materia de seguridad. La profesionalidad en la cual estamos instruyendo a la policía con el uso racional de la fuerza apunta justamente a usar el arma como último recurso", fundamentó en declaraciones a La Red.
En el mismo sentido, el funcionario apuntó que "lo que les pasa a los policías es como a los profesionales: uno va a la facultad y se recibe de médico, pero va aprendiendo durante la carrera, cuando se rodea de doctores. Lo más importante es el contacto con los mayores en la calle, que transmiten su experiencia".
Al ser consultado sobre si el personal privado está preparado, Berni sentenció: "En absoluto, la policía trabaja como un equipo y con diferentes elementos; en el caso de un vigilador privado es muy difícil que lo logre".
Llamativo fue el análisis gremial del secretario general del Sindicato Unidos de Custodios Argentinos (SUTCA), Luis Avendaño, quien sembró dudas sobre la implementación total del proyecto: "Nosotros no actuamos como policías porque no tenemos los argumentos para serlo. En muchos casos no deseamos estar armados, es preferible tener buena comunicación con la policía y así podríamos trabajar juntos; esa es la base fundamental".
Pese a todo, la iniciativa de Budassi sería tratada hoy por los diputados bonaerenses; el sciolismo asegura que cuenta con la cantidad de votos necesaria para darle media sanción.
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