Debutó el nuevo sistema de Declaraciones Juradas de funcionarios públicos

Llegaron los números oficiales. El nuevo sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos debutó con sorpresas. Con menos datos que su antecesor, el nuevo mecanismo permite acceder a los datos patrimoniales de funcionarios, legisladores y candidatos a puestos públicos.

Cristina Kirchner declaró un capital patrimonial de $48.213.189,91. Según los datos aportados a la Oficina Anticorrupción, la Presidenta admitió una ganancia de $3.858.396 en comparación al 2011. Ese incremento del 20% está fundamentado en sueldo y rentas.

La Presidente pasó de menos de 10 millones a casi 20 millones en dinero depositado en plazos fijos. Según lo declarado, son fondos que Cristina heredó del ex presidente Néstor Kirchner.

Además, la mandataria declaró tener 26 propiedades, repartidas entre El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires. Cristina sostuvo participación en tres sociedades: Los Sauces SA, Hotesur SA y CO.MA. SA. Declaró tener deudas por $4.789.265,82: Hotesur SA ($4.449.550), Panatel SA (327.075) y Austral Construcciones SA, la firma de Lázaro Báez ($12,640). Cristina declaró gastos personales en el último año por 666 mil pesos.

Al que no le fue muy bien fue al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Entre 2011 y 2012, Boudou perdió $60 mil pesos. Así lo demuestra su última declaración jurada, en la que declara un patrimonio inferior por: $58.950, en comparación con período anterior. El funcionario afirmó que al comienzo de 2012 tenía un patrimonio de $1.786.057,26 pero a finales de 2012, a diferencia de años anteriores, la suma fue inferior: $1.727.107,30. Boudou afirmó poseer: un departamento de 91 mt2 valuado en $665.424,54; una moto Harley modelo 2007 de $73.300; un auto Audi A4 2008 de $200.000; una moto KTM Adventure 2010 de $99.760; y un automotor modelo 2011 de $62.204. Además, declara poseer acciones de Inversiones Inmobiliarias Aspen SA por $6.000 y acciones de Habitat Natural SA por $354.150. En estas últimas sociedades, su participación es compartida con José María Núñez Carmona, señalado, junto a Boudou, por la vinculación con el empresario Alejandro Vandenbroele, en la causa Ciccone.

Axel Kicillof, el reciente designado ministro de Economía, declaró Bienes, depósitos y dinero al final del año 2012 por $968.075,22. Casi 150 mil pesos más que en 2011. Presentó en su declaración jurada una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires y tres terrenos en Uruguay por 268 mil pesos. Al comienzo del período, Kicillof admitió tener 37 mil doláres, pero al fin del ciclo ya no existían.

Antes de su renuncia, al ya ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no le fue nada mal. El ahora agregado económico en la embajada argentina en Italia sostiene haber ganado $469.872,58. Al inicio del período 2012, declaró un patrimonio por  $1.787.290. Al cierre del 2012, declaró un capital por $2.257.163,15.

Moreno compró acciones de YPF SA, la petrolera estatal, por un valor de $102.762 y miles de pesos en títulos en moneda extranjera: Títulos de deuda de Formosa en dólares con vencimiento en 2022 por $7.918,74. Boden 2015, bono soberano en dólares, con vencimiento en 3/10/2015 por $134.431,36. BONAR X, un título en dólares, a 2017 por $75.408,13. Bonos de deuda de la provincia de Buenos Aires en dólares con vencimiento a 2017 por $49.392,80 y cupones atados al PBI en dólares bajo Ley Extranjera 2035 por $34.825.

El nuevo sistema de Declaraciones Juradas incluye también el de los candidatos a lugares públicos. Francisco de Narváez declaró un patrimonio de más de 100 millones de pesos. El diputado nacional electo, Martín Insaurralde, afirmó tener un patrimonio de $1.809.754,76. El intendente de Tigre, Sergio Massa, declaró bienes por $1.542.039,64

De acuerdo a los nuevos formularios de declaraciones juradas publicados, se ha restringido la información patrimonial a la que puede accederse en relación a la totalidad de la información patrimonial de cónyuges e hijos menores no emancipados, incluyéndola sólo en un anexo reservado, lo cual constituye una violación de lo establecido en la Ley de Ética Pública -que en este aspecto no ha sido derogada-. Esta información, a la que no se podrá acceder sino por vía judicial, resulta fundamental para las investigaciones relacionadas con corrupción.