España y el Reino Unido pactaron y llevaron a la Asamblea General de la ONU una declaración comprometiéndose a resolver a través del diálogo la disputa sobre la soberanía del Peñón de Gibraltar.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, calificó este acuerdo como un "primer paso hacia el restablecimiento de la normalidad que se rompió en 2004", cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero creó el Foro Tripartito que daba a Gibraltar "personalidad jurídica propia".
La declaración insta a España y al Reino Unido a llegar a una solución definitiva sobre el Peñón "escuchando los intereses y aspiraciones de Gibraltar", siempre que sean "legítimas conforme al derecho internacional".
También se comprometieron a cumplir con el "espíritu de la Declaración de Bruselas de 1984 -por la que Madrid y Londres acordaron negociar la soberanía del Peñón- y las resoluciones de la ONU, que establecen la preeminencia de la integridad territorial española por sobre el derecho a la autodeterminación de los isleños.
Para España lo principal de la declaración -que fue acordada el 28 de octubre en la Comisión de Descolonización y debe convertirse en resolución de la ONU- es que las aspiraciones de Gibraltar deben ser "legítimas conforme al derecho internacional", remarcó García Margallo. La diplomacia española entiende que con esto se pone un límite al reclamo por el derecho a la autodeterminación de los isleños.
El límite a la validez del reclamo de los habitantes de la isla por su derecho a definir a qué país desean pertenecer abre una luz de esperanza en la disputa entre Gran Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas. Históricamente, el Reino Unido ha alegado que son quienes viven en el archipiélago los que deben decidir su futuro. El acuerdo con España, sin embargo, podría sentar un precedente distinto para esta cuestión.
El Reino Unido ocupa el Peñón de Gibraltar, de 6,5 kilómetros cuadrados y cerca de 30.000 habitantes, desde que el almirante George Rooke lo conquistó, en 1704, durante la Guerra de Sucesión española. El Tratado de Utrecht confirmó en 1713 la soberanía británica, y desde entonces España la disputa.
Este verano la tensión se disparó por el lanzamiento de 70 bloques de hormigón al mar por parte de las autoridades del Peñón en una zona en la que faenan pescadores españoles, así como la construcción de un nuevo espigón en "La Roca", medidas que España interpretó como "provocaciones".
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