En Uruguay se dirime por estos días la constitucionalidad de la ley de la aerolínea Pluna, que es estudiada por la Suprema Corte de Justicia de ese país. Si bien El País, informó que ya son tres los ministros que se manifestaron en contra de la norma, El Observador asegura que la disputa está dos votos por lado, con un quinto magistrado aún indeciso. En ese caso, crecen las especulaciones sobre qué pasará si la ley no prospera.
Uno de los principales problemas que esto podría traer, según El Observador, es que los aviones pasen a ser chatarra por la falta de mantenimiento.
¿Por qué se podría dar esto? Si la ley llegara a caer, la lógica indica que las naves volverán a concurso, donde serán rematados y con esa plata se pagarán todas las deudas que mantiene la compañía con empleados, acreedores comerciales, bonistas y organismos estatales como el Banco de la República, el Banco de Previsión Social y ANCAP.
De este modo, las aeronaves no podrán ser mantenidas y perderán su certificado de aeronavegabilidad internacional. Esto implica tiempo y más dinero a recuperar. No obstante, si el tiempo pasa y los aviones dejan de ser mantenidos, directamente pasarán a ser chatarra.
Hasta el momento el que se encarga del mantenimiento de los siete aviones Bombardier es el fideicomiso que creó la ley en cuestión. En esa línea, al Estado le cuesta u$s420.000 al mes mantener cada nave.
Sin embargo, esto representa un 22% del total de gastos mensuales del fideicomiso.
Por su parte, de los siete aviones, el Poder Ejecutivo uruguayo se comprometió a la venta de tres de las naves a la aerolínea Alas-Uruguay que, a su vez, gestiona el sindicato de ex trabajadores de Pluna. Los otros cuatro aviones, en tanto, están en proceso de venta hasta el momento.
Este proceso finalizó meses atrás. De diez postulantes se eligió a uno para que colocara las naves en el exterior. Se trata de un agente que cumple la función de nexo con posibles interesados en hacerse con los derechos de los aviones.
De esta manera, hasta que la Corte dicte algún veredicto, las tareas de mantenimiento de los aviones, cuyo pago el Estado es garante ante el Scotiabank, persistirán. Éstas consisten en realizar pequeños vuelos de práctica para sostener la calificación de los aviones y, a su vez, mantener la utilidad de las naves.
Por lo pronto, la Suprema Corte realizará este miércoles 6 de noviembre una audiencia in voce, en la que escuchará a las partes, para luego dar una resolución definitiva.
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