Los polémicos proyectos de ley de medios en América Latina

Tras la declaración de la constitucionalidad de la Ley de Medios por parte de la Corte Suprema argentina, el gobierno de Cristina Kirchner se une así a otros tantos de la región que modificaron sus legislaciones en términos de medios de comunicación. Los más salientes por las polémicas que trajeron fueron los casos de Ecuador, Venezuela y Bolivia, países que año tras año aparecen en las peores ubicaciones de los distintos rankings que miden la libertad de prensa y expresión.

Argentina, una puja que llevó cuatro años

El pasado 10 de octubre, se cumplieron 4 años de aquel sábado de 2009 cuando, a las 2:30 de la mañana y tras 15 horas de sesión, el Senado argentino sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Sin embargo, el Grupo Clarín apeló el fallo a través de una presentación judicial, que se centraba en cuatro artículos de la norma: el 45 y 48, vinculados con las licencias, y el 41 y 161, sobre el plazo de desinversión.

Finalmente, este martes 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de esos artículos y, así, obliga a la desconcentración del multimedio más grande del país.

Ecuador y su "Ley Mordaza"

Otro gobierno de la región que desde su inicio mantuvo un férreo enfrentamiento con la prensa "opositora" es el de Rafael Correa, en Ecuador.

El mandatario logró la aprobación de la Ley de Comunicación, que entró en vigor el pasado martes 25 de junio, tras su publicación en el Registro Oficial.

Dicha norma fue calificada por la oposición como "Ley Mordaza", ya que consideran que lo que busca el presidente ecuatoriano es limitar la libertad de prensa y expresión de aquellos medios que no mantienen la línea editorial de su gobierno. De hecho, desde su aprobación, la revista Vanguardia, opositora al Gobierno y que se encargaba de casos de investigación, quedó inhabilitada.

Entre los aspectos más discutidos de esta ley, se incluyen la figura del "linchamiento mediático" y la creación de una Superintendencia de Información y Comunicación. Con respecto al primer concepto, el gobierno ecuatoriano sostiene que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

En tanto, la Superintendencia está encargada de "vigilar, auditar, intervenir y controlar" la actuación de los medios de comunicación.

Estas maniobras han llevado a numerosas sociedades civiles a movilizarse en contra de los avances del Estado sobre estos medios que no responden a los intereses del gobierno oficialista. De hecho, este martes se hizo un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de revisión de la situación de los derechos humanos y la democracia en Ecuador.

Venezuela, pionero

Por su parte, Venezuela fue, tal vez, el caso más representativo en la región en esta dura confrontación con los medios "no oficialistas".

El ex presidente Hugo Chávez fue un ferviente impulsor de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que entró en vigor en 2005, pero que fue reformada en 2010 a través de los súper poderes conferidos al líder bolivariano.

A partir de su implementación, el chavismo comenzó una dura persecución contra la prensa opositora, cerrando cientos de medios, expropiando otros tantos y debilitando a algunos por medio de medidas económicas restrictivas. Un caso reciente es el de El Nacional, que por falta de insumos se vio obligado a reducir su tirada.

A su vez, el oficialismo logró montar una extensa plataforma mediática que hoy en día responde a la línea editorial del Gobierno, controlando así gran parte de la representación mediática.

Bolivia y la polémica por las intervenciones a escuchas

El presidente Evo Morales, en Bolivia, también logró la sanción de una norma que le otorga al Estado mayor control sobre los medios electrónicos e intervenciones telefónicas.

Mediante la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el presidente indígena le quitó la mayor representación a los medios privados y ahora cuenta con el 66% del control del espectro.

Uno de los puntos más cuestionados por diversos sectores de la oposición y por los propios periodistas es el artículo 111, que permite intervenir las conversaciones telefónicas en casos de seguridad nacional, amenaza externa o desastres.

Mujica también busca su ley de medios

El presidente uruguayo presentó un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso, con la intención de que el texto sea aprobado antes de que termine su mandato el próximo año.

De acuerdo con la norma, que está compuesta por 180 artículos y 13 capítulos, el objetivo es "regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual" a partir de "reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores".

Al igual que en el caso de la Ley de Medios argentina, la norma establece límites a la concentración de medios (tres señales de radio o TV o seis de televisión para abonados), pero también impide a las empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión. Sin embargo, el presidente José Mujica reconoció que la norma no sería "tan restrictiva" como en el caso de Argentina.

Además, a partir de esta iniciativa, el proyecto oficial establece que todas las emisoras -de aire o de cable, nacionales o internacionales- deben respetar a rajatabla el horario de protección al menor. En concreto, la modificación prohíbe que entre las 06:00 y las 22:00 se emitan "imágenes con violencia excesiva", cadáveres, pornografía o apología del consumo de drogas.

Duro informe de la SIP

Por todos estos factores enunciados, y muchas otras cuestiones de fondo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su último informe condenó las leyes de medios sancionadas en la región que restringen la libertad de prensa.

Precisamente, el organismo internacional declaró su preocupación por las normas impulsadas por los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina, a quienes llamó a descomprimir las tensiones con la prensa.