Fracasó la negociación para que los acreedores privados salden la deuda con los fondos en default

El plan que estaba sondeando un fondo de inversión aliado al Gobierno terminó por no tener quórum. Gramercy, a través de distintos emisarios, estuvo hablando con otros fondos que aceptaron los canjes de deuda con una peculiar idea: que entre todos los acreedores cedan parte de los pagos futuros de sus bonos, por aproximadamente cinco años, para comprarle la deuda a los fondos buitre Elliott y Aurelius. Estos están pidiendo en los tribunales de EEUU 1.400 millones de dólares. Gramercy pensó que podían conseguir alrededor de 1.000 millones de dólares para convencer a estos fondos y comprarles el juicio. De esta manera, creían, se despejaba un potencial default de la Argentina.

Según le confirmaron a Infobae fuentes ligadas al caso, el sondeo de Gramercy chocó contra una pared. No hubo acuerdo entre los fondos, algo que se presumía ya que suman un total de 200 que debían dar su conformidad. Varios de ellos, incluso, se manifestaron molestos con el pedido de Gramercy. "Ellos tienen intereses particulares con el Gobierno. A nosotros no nos interesa poner dinero de nuestro bolsillo otra vez. Si el Gobierno no se involucra, cualquier plan va directo al fracaso", indicaron a este medio desde uno de los fondos que canjeó sus bonos en default recién en el 2010 (y con quejas).

"Tampoco está en claro que pagar una sentencia a los holdouts haga que el resto de los bonistas que aceptaron un canje puedan reclamar. Eso es algo muy poco claro que instalaron los abogados y el Gobierno para no pagar. Pero hay dudas aquí sobre esos argumentos", agregó el financista. Esto tiene que ver con el riesgo de que cancelar la deuda con los buitres active la cláusula de Rights Upon Future Offers (RUFO) que otorgaba a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje. O sea, que todos pidan más dinero.

Otro fondo señaló que por estatutos propios es "imposible" adherir a un plan así, y también volvió a nombrar al gobierno nacional como un actor necesario en esta película. "La idea que nos habían consultado incluso no contemplaba a los free riders (los que no aceptarían esa propuesta, con el riesgo de que puedan litigar si buscaban obligarlos), con lo cual la desechamos de plano", afirmaron.

Un problema central que tenía el plan de Gramercy era que esto iba a ser una negociación entre privados con necesidades y realidades muy distintas entre ellos. Algunos de los fondos que ingresaron al canje compraron los bonos antes del default (caros) y no quieren ceder utilidades a otro que compró barato. Por ejemplo, bonistas argentinos o italianos compraron sus bonos al 95% de su valor; mientras que Elliott y Aurelius lo hicieron en 2003 y 2008 al 40 o 50 por ciento de su valor.

El fondo EM de Kenneth Dart, otro de los fondos buitre conocido mundialmente pero que no tiene aún sentencia a favor, compró parte de los títulos antes del default (a un precio superior) y otra parte luego del default (barato). Con lo cual, dependiendo de en qué momento cada fondo haya hecho su inversión, varían sus pretensiones.

El abogado de Estudio Garrido, Eugenio Bruno, es quien está trabajando en un plan alternativo que involucre no sólo al 93% de los bonistas que ingresaron a los canjes, sino a aquellos inversores que están con sentencias firmes en Nueva York (o sea próximas a ejecutarse), los holdouts y el Gobierno. La idea sería que el plan al cual eventualmente se llegue no deje margen a potenciales demandas. 

El especialista cree que el plan debe atender al 7% que aún no aceptó ninguna oferta del Gobierno con los canjes. De ese 7% los fondos buitre representan sólo el 2% mientras que hay otro 5%, alrededor de 6.000 millones de dólares, que está esperando sentencia en EEUU. Entre ellos, hay bonistas italianos por 2.000 millones de dólares que obtuvieron el visto bueno del juez Thomas Griesa y estarían próximos a una orden de ejecución de sentencia. "Hay que atacar a todos los frentes para que no sea solo ganar tiempo", explicó Bruno.

Por lo pronto, el Gobierno debería hacer algo que no puede hacer ahora aunque quisiera. Por la cláusula RUFO, que vence a fines de diciembre del 2014, está imposibilitado de lanzar una oferta mejor a ese 7% que no aceptó los canjes. Por lo tanto, es claro que cualquier oferta de las ya conocidas chocará contra la negativa de los acreedores. De ahí que recién en enero de 2015 el Gobierno tendría manos libres para mejorar la oferta a los bonistas díscolos.

Por eso, comienzan las negociaciones que involucren a todos los actores de esta historia para idear un plan que vea la luz en el largo plazo. En el interín, el Gobierno seguirá buscando estirar los plazos y ganar tiempo. La incógnita es si la justicia americana no acelerará las definiciones, con el riesgo de poner al país entre dos disyuntivas: pagar o declarar el default.