La inseguridad en las calles y la corrupción son los principales problemas que afectan a los peruanos, según una encuesta nacional difundida este domingo en Lima. El 77 por ciento de los encuestados dijo que el mayor peligro que afrontan es la delincuencia, mientras que el 44% ubicó en segundo lugar la corrupción como un tema que afecta a la sociedad peruana, de acuerdo al sondeo nacional de la empresa GFK, publicado en el diario La República.
Esta percepción "llena a los ciudadanos de un profundo sentimiento de desesperanza en su vida cotidiana", observó Hernán Chaparro, gerente de GFK, firma que entrevistó a 1.226 personas entre el 21 y 23 de octubre con un margen de error de 2,8%.
El viernes el director de la cárcel El Milagro, en Trujillo (norte), Jorge Izquierdo, fue asesinado por un pistolero cerca de ese penal, en un contexto en que la prensa informa diariamente de asaltos y robos en diversas partes del país y del auge de la actividad de sicarios.
"La inseguridad es un tema medular que nos preocupa, no es un problema reciente, sino que se remonta a más de veinte años atrás", admitió el sábado el presidente Ollanta Humala al subrayar que su gobierno está dotando a la Policía de equipamiento moderno para combatir con más eficacia la delincuencia.
En cuanto a la corrupción, el sondeo de GFK revela que el 81% de los encuestados piensa que "denunciar un acto de corrupción es peligroso" porque ello puede traer problemas al denunciante. Un 17 por ciento opina lo contrario. El 74% está de acuerdo con la frase "haga lo que uno haga, la corrupción va a seguir igual que siempre", frente a 23% con opinión opuesta.
En las últimas semanas, la prensa peruana informa detalladamente de los cuestionamientos que afrontan los últimos tres presidentes de Perú, uno en la cárcel y otros dos bajo investigación judicial.
Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena de 25 años por violación de derechos humanos, afronta un nuevo juicio por haber financiado diarios sensacionalistas que durante su gobierno insultaban y difamaban a sus opositores.
A Alejandro Toledo (2001-2006), se le investiga por presunto lavado de activos en la compra de dos inmuebles por parte de su suegra, a un costo de 5 millones de dólares, mientras que Alan García (2006-2011) es investigado por presuntas irregularidades en su mandato, como indultos otorgados a 5.000 presos, muchos de ellos narcotraficantes.
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