Un grupo de mujeres indígenas de la selva amazónica regresaron el viernes a sus comunidades después de permanecer desde el pasado 16 de octubre en Quito a la espera de una audiencia con el presidente Rafael Correa.
"El presidente rechaza la voz de la mujer, yo me voy con un sentimiento muy triste", dijo Ena Santi, una mujer kiwcha de 40 años.
De acuerdo con información difundida por el diario El País, las mujeres sólo recibieron un mensaje del secretario nacional de la Presidencia, Leonardo Berrezueta, quien las convocó a que participen en la visita que el mandatario hará a la región de Pañacocha.
La invitación del Ejecutivo fue tomada como "una burla" por las mujeres amazónicas. Desplazarse a Pañacocha significaba recorrer 250 kilómetros más y ellas ya habían hecho los más de 220 kilómetros que separan a Quito de El Puyo, la ciudad de la Amazonía sur de donde partieron el 12 de octubre.
"Nos dimos cuenta de que él no quiere saber nada de los indígenas", opinó Narcisa Gualinga, una mujer de 70 años, también de la etnia kiwcha. A bordo de tres autobuses, estas mujeres, sus hijos y los hombres que las acompañaron iniciaron el camino de vuelta a sus hogares.
La estancia de las mujeres en la capital se prolongó por la expectativa de que al menos la Asamblea Nacional las recibiera, pero este órgano legislativo sólo permitió el acceso de una delegación.
Las líderes de la movilización aceptaron y llevaron al Parlamento un documento de nueve páginas con la propuesta de crear una nueva categoría de conservación de la selva amazónica del Ecuador: la declaración del Kawsak Sacha (selva viviente), que toma en cuenta la filosofía y la cosmovisión de los pueblos originarios en cuanto a la interrelación ser humano-naturaleza.
La declaración de selva viva intenta proteger la zona centro y sur de la Amazonía ecuatoriana que está siendo presionada por la XI Ronda Petrolera, que pretende concesionar 13 pozos petroleros.
En el pedido que entregaron a la Asamblea también se aboga por la no explotación de los pozos petroleros del Yasuní, aunque sobre este territorio ya pesa la Declaratoria de Interés Nacional, que dará paso a su explotación, a menos que se apruebe la consulta popular que promueven los ambientalistas y se imponga el criterio de no intervención en esta reserva de la biósfera.
Entre los argumentos que se esgrimieron en el documento, figura que las actividades extractivas están dirigidas a fragmentar a las comunidades, intensifican problemas sociales, destruyen las fuentes de agua, suelos, montañas, la biodiversidad de la fauna y flora.
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