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La Fiscalía del estado de San Pablo (MPE) reveló las actividades delictivas de 175 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal que actúa dentro de las cárceles de 22 estados de Brasil al margen del poder gubernamental.
La investigación de la Fiscalía reunió miles de documentos y audios. Publicada por el diario O Estado de São Paulo, fue considerada la más importante de la historia en el campo del crimen organizado.
El informe cuenta con evidencias de los delitos cometidos por la cúpula del PCC. Por ejemplo, desde las cárceles, los jefes de la organización dan órdenes a sus cómplices en libertad para llevar a cabo asesinatos, compra de armas y toneladas de cocaína, y deciden atentados contra policías militares y autoridades políticas.
Sin embargo, lo que parece más grave de la investigación es que el PCC se preparaba para entrar en la política presentando candidatos al Congreso y a las alcaldías. La organización criminal actúa, además, en Bolivia y Uruguay.
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En las miles de conversaciones telefónicas interceptadas por el Estado, resalta que la organización soborna a policías civiles y militares. Además, los narcotraficantes cuentan hasta con un Consejo de Administración, que cuida de las acciones realizadas "en la calle" y estatutos propios.
El PCC cuenta también con connivencias políticas y, en ocasiones concretas, como las elecciones, organizan acciones para ayudar o crear dificultades a los partidos según los criterios de la organización. En general tratan de crear caos en las ciudades cuando los candidatos que se presentan, por ejemplo, para las alcaldías, no les resultan gratos.
"Las cosas se van a poner más difíciles para ellos. Pero no nos vamos a intimidar. Nuestra obligación es velar por el interés público, luchar contra la criminalidad", dijo el Gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin.
En San Pablo domina el 90% de todas las cárceles y factura cerca de 3,5 millones de dólares al mes por la venta de drogas y otro millón de loterías y contribuciones voluntarias de los presos en libertad, según O Estado.
La facturación anual es de unos 60 millones de dólares, lo que coloca al PCC entre las 1.150 mayores empresas del país según la investigación. Su mayor actividad es la venta de estupefacientes, con cientos de puntos esparcidos por todo el país.
El grupo tiene un arsenal de armas, con más de cien fusiles, y 3 millones de dólares enterrados en siete pisos comprados por la organización. En total, el PCC cuenta, sólo en el estado de San Pablo, con 6.000 miembros dentro de las cárceles y 1.600 en libertad. En los otros estados, la cifra es de 3.582.
La denuncia a los 175 miembros de la organización ha sido firmada por 23 promotores de justicia de San Pablo que han pedido la detención preventiva de 112 de los acusados. Sin embargo, la Justicia se ha negado a decretar la prisión de los investigados con el argumento de que es necesario un "análisis más detallado" de las acusaciones.