La Asamblea Nacional inicia el debate para darle poderes especiales a Maduro

El parlamento venezolano inicia este martes la discusión de un proyecto para otorgar poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, quien amparado en esas facultades promete una cruzada anticorrupción, calificada por la oposición como una "cacería de brujas".

A sólo dos meses de las cruciales elecciones municipales, Maduro solicitará personalmente estos poderes a la Asamblea Nacional para endurecer las leyes contra la corrupción, pese a que le falta un voto para obtener la mayoría necesaria para que su pedido sea aprobado, según prevé la Constitución.

El presidente anunció el viernes que también se apoyará en este recurso para enfrentar la "guerra económica" contra su Gobierno, en momentos que el país padece una escasez de productos, de la cual acusa a la oposición y a empresarios privados, y una inflación récord de 32,9% en lo que va del año.

"Le voy a ver el hueso (castigar fuerte) a quienes sabotean, porque nuestra patria no se merece esto", advirtió Maduro, quien aseguró que tiene lista su propuesta justificando la solicitud.

Para aprobar la denominada "Ley habilitante", que faculta al presidente a "dictar (...) decretos con fuerza de ley", son necesarias tres quintas partes, de los 165 diputados.

Luego de que el gobernante anunció a mediados de agosto que haría esta solicitud, la oposición ha denunciado que el Gobierno realiza "presiones" entre los diputados opositores o independientes para conseguir el voto que le falta.

Actualmente, la Justicia analiza enjuiciar, por pedido de la Fiscal general Luisa Ortega, a la diputada independiente María Mercedes Aranguren, acusada de cometer peculado doloso. La legisladora calificó el juicio como una "retaliación política" (represalia) en su contra por negarse a votar la Ley habilitante.

De ser enjuiciada Aranguren, quien fue electa por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y después se declaró independiente, será reemplazada por su suplente Carlos Flores.

"Si el Presidente se atreve a introducir la ley es porque debe estar seguro de que en cualquier momento ese allanamiento de inmunidad se va a producir o que ya se produjo algún acuerdo con diputados opositores para que voten favorablemente la propuesta", dijo a la AFP el politólogo Ángel Álvarez.

Semanas atrás, el pedido de Maduro encendió el debate político en Venezuela. El presidente acusó al líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, de encubrir casos de corrupción en su despacho, luego de que uno de sus asesores más cercanos fuera enjuiciado por el presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En respuesta, Capriles, quien perdió las elecciones del 14 de abril ante Maduro por un margen menor al 1,5% de los votos, retó al Gobierno a encarcelarlo y acusó al presidente de cobijar corruptos y de usar la lucha contra el cohecho para perseguirlo.

Asimismo, el gobernador duda de que el presidente vaya detrás de los "peces gordos" y sostiene que éste busca debilitar a la oposición con miras a los comicios municipales del 8 de diciembre, que el gobernador considera "un plebiscito" sobre el gobierno.

El Parlamento ha enjuiciado a dos diputados opositores, a uno de los cuales le retiró la inmunidad parlamentaria, por casos de corrupción.

Maduro asegura que en su cruzada anticorrupción "no hay intocables", incluso en su gobierno, y cita como ejemplos el arresto de funcionarios por un desfalco multimillonario en el fondo de cooperación chino-venezolano, acusados de exigir coimas a cambio de ayudas sociales y el de un importante funcionario portuario.

El ex mandatario Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo, utilizó los poderes especiales para legislar en 2000, 2001, 2008 y 2010, periodos en los que decretó más de 200 leyes, entre ellas, la nacionalización de la industria del oro, la creación de programas sociales, fijar los precios de todos los productos y reformar las Fuerzas Armadas.

Venezuela ocupa el puesto 165 de una lista de 176 países en el combate a la corrupción, según un índice elaborado por la ONG Transparencia Internacional, divulgado en diciembre pasado.