El ex militar fue uno de los directores de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo que sucedió a la DINA, famosa policía represora del régimen de Augusto Pinochet.
Si bien su muerte se produjo en su hogar, era uno de los internos del penal cuyo cierre fue decidido por Sebastián Piñera esta semana. Estaba allí gracias a un permiso especial desde las 18 horas del viernes hasta las 22 del domingo.
El abogado del ex militar, Jorge Balmaceda, dijo que "se suicidó anoche en su casa como resultado de la acción de traslado de ellos del penal Cordillera a Punta Peuco. El general Mena se encontraba en una situación de salud muy delicada, necesitaba auxilio de oxígeno, situación que estaba en conocimiento tanto de Gendarmería como del personal médico que lo atendía".
Otro de los letrados que defienden a los imputados del Penal Cordillera, René López, cargó contra la decisión del presidente de Chile al asegurar que "en su mente ya tiene uno, no sé cuantos más quiere, no sé si el señor Piñera estará contento con eso".
El defensor de Manuel Contreras aprovechó la tragedia de Mena para argumentar en contra de la aplicación de la decisión del presidente: "Si alguien se le ocurre hacer el traslado en este momento tendría que estar loco", dijo.
Mena era uno de los únicos diez reclusos del Penal Cordillera que gozaba del permiso de salida los fines de semana y estaba en malas condiciones de salud.
Se trata del primer director de la CNI, nombrado por Pinochet en 1977 tras haberse retirado dos años antes. Estaba jubilado cuando fue detenido en 2009, tras lo cual resultó condenado por los crímenes perpetrados durante el período en el que manejó el organismo estatal.
Los cargos en su contra fueron por violaciones contra los Derechos Humanos, y era considerado como uno de los ideólogos de la Caravana de la Muerte. Así se denominó a una comisión del Ejército de Chile que recorrió el país en 1973. tras el Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, y que tenía como misión "agilizar" los procesos de los detenidos.
Si bien desde el poder central se pedía "no tener piedad" con los militantes a quienes tildaba de "extremistas", los gobiernos locales no eran tan rigurosos como se pretendía, por lo cual se formó un grupo que, en la practica, se dedicó a recorrer el país fusilando a centenares de detenidos.
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