Messi y su padre, Jorge, llegaron a los juzgados de instrucción de Gavá, provincia de Barcelona, para declarar por un presunto fraude de 4 millones de euros. El crack rosarino declaró en los Tribunales y se puso a disposición de la Justicia.
Uno de sus abogados, Cristóbal Martell, atendió a la prensa y destacó que la familia Messi es "transparencia, claridad y colaboración".
"Con vocación de transparencia se han realizado los
interrogatorios y se ha evidenciado una escasa voluntad defraudatoria y una
gran voluntad en regularizar su relación con la Agencia Tributaria",
sostuvo Martell después de la salida del crack rosarino.
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La "Pulga" y su padre fueron imputados por tres delitos contra la Hacienda Pública previstos en el artículo 305 del Código Penal español y referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
Tras ser imputado, el futbolista emblema del Barcelona negó los cargos y, en la media hora que duró su declaración, afirmó que "no entiende nada" de temas fiscales, para los que designó "asesores".
Según consignaron fuentes judiciales al Diario El País de España, el delantero aseguró: "Del tema de la plata se encarga mi papá". Además, planteó que su única misión es "jugar al fútbol".
La exposición de Jorge Messi, padre del astro "Azulgrana", se extendió durante una hora en la cual desligó a su hijo de la acusación y culpó a un ex socio.
Cristóbal Martell, abogado del jugador y su progenitor, intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona para evitar que el futbolista tenga que ir a juicio, pero por ahora las negociaciones no fueron fructíferas, indicó el portavoz de la Fiscalía.
El abogado defensor pretendía que Messi sea apartado del juicio y que sea su padre quien asuma el peso del proceso, algo a lo que la Fiscalía se opone.
El pasado mes de agosto, Jorge Messi pagó los 4 millones adeudados, según confirmaron las fuentes.
Pero además de liquidar la deuda, el Código Penal establece para estos delitos el pago de una multa que va desde el doble del dinero defraudado a seis veces más, y penas de prisión que van de entre uno y cuatro años por cada delito.
No obstante, es posible eludir la prisión si la condena es menor a dos años y el condenado no tiene antecedentes.
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