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La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la condena a 31 años de prisión contra varios miembros de la cúpula de mando de las FARC. Entre ellos, se encuentran Timochenko, máximo líder del grupo, e Iván Márquez, jefe negociador en el proceso de paz que la guerrilla mantiene con el gobierno de Juan Manuel Santos en Cuba.
La Corte ratificó la condena que el pasado 1º de agosto había sido anunciada por un tribunal del departamento de Meta (centro-este), que halló responsables a los miembros del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de un atentado cometido con explosivos en febrero de 2005.
El alto tribunal indicó que de acuerdo con la investigación, "la orden para realizar el atentado en zona rural del municipio de Puerto Rico provino del Secretariado, comandantes, cabecillas de columna, cuadrilla y compañías del frente 43 de las FARC, y fue ejecutado por integrantes del mismo grupo ilegal".
Los guerrilleros deben responder por los delitos de terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio, debido a que el hecho dejó dos menores, un vendedor de frutas y tres militares muertos, así como casi dos decenas de heridos. Entre los condenados, además de Rodrigo Londoño y Luciano Marín, verdaderas identidades de "Timochenko" e "Iván Márquez", respectivamente; están Jorge Torres ("Pablo Catatumbo"), otro negociador de las FARC en La Habana; Genner García ("John 40"); Henry Castellanos ("Romaña"); y Jaime Aguilar ("Dionisio Rayo"); entre otros.
Asimismo, la sentencia cobijó a los fallecidos cabecillas de las FARC Pedro Marín ("Manuel Marulanda"); Guillermo León Sáenz ("Alfonso Cano"); Noel Mata ("Efraín Guzman"); Luis Suárez ("Mono Jojoy"); y Luis Barón ("Nacho").
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC negocian desde noviembre de 2012 en La Habana para dar fin al conflicto armado interno que vive el país desde hace más de medio siglo y que ha provocado la muerte de unas 220.000 personas.
De llegar a un acuerdo entre las partes, el "marco jurídico para la paz", una reforma impulsada por Santos que permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, sería la ley que se aplicaría para la reinserción de los guerrilleros a la vida civil.