A pesar del reciente giro oficial abordando el tema de la inseguridad tras la derrota que sufriera en las primarias de agosto, el gasto que el gobierno tiene proyectado para esa área en el próximo año está lejos de reflejar la súbita preocupación por el tema por parte del gobierno.
Según el proyecto presentado por la Casa Rosada para el 2014, el aumento en la partida destinada a la seguridad interior es apenas del 6,6%, una de las subidas más modestas en todo el presupuesto, y por debajo incluso de la inflación oficial estimada del 10,4%.
Este aumento está en línea del fenómeno registrado en los últimos años en las cuentas oficiales, que venían otorgando incrementos decrecientes para lucha contra la inseguridad. Para el 2012, se aumentó 21% con respecto al pasado año, mientras que en el 2013 la suba fue del 9,7%. Este año se establece una ampliación que baja en 3 puntos esa cifra.
Si se analizan los fondos que recibirán cada fuerza, destaca que una de los menos favorecidas será Gendarmería, actualmente en el ojo de la torrmenta luego de que miembros del Operativo Centinela, implementado para reforzar el Conurbano, denunciaran vivir en malas condiciones.
Dicha fuerza de seguridad tiene asignada una partida con una reducción del 9% de su presupuesto anual, mientras que la Prefectura naval solo sumará un 4,8%, y la Policía Federal tendrá un aumento de 13,4%.
Mayor generosidad le tocó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ligada al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, virtual número dos del gobierno, que obtendrá una suba del 32,4%. La PSA esta dirigida por Germán Montenegro, ex secretario de Asuntos Militares (2008-2010) y hombre cercano a Zannini.
En ese sentido, otra fuerza que resulta altamente beneficiada es Inteligencia, cuyo presupuesto para el próximo año tendrá un crecimiento del 13,4% comparado con el del 2013.
Todas estas partidas están consideradas en el proyecto de ley del presupuesto 2014 que el oficialismo envió el último jueves al Parlamento, y que el gobierno busca aprobar antes de las elecciones de octubre. El apuro responde a que el gobierno vislumbra un duro traspié en las urnas, lo que provocaría una fuga de legisladores hacia bloques opositores y una pérdida de su mayoría absoluta en ambas Cámaras.
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