Narcotráfico en Córdoba: renunciaron el ministro de Seguridad y el jefe de Policía

Según La Voz, el gobernador José Manuel de la Sota informó hoy que "analiza" las renuncias presentadas por el ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, y el jefe de Policía local, Ramón Frías.

El gobernador peronista también anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para que haya consenso de los distintos bloques a la hora de designar al futuro director de la división antidroga, cuyo titular, Daniel Nis, pidió licencia médica. De la Sota también pretende que los uniformados abocados a esa área presenten declaraciones juradas de bienes.

Por su parte, parlamentarios de la oposición cordobesa pidieron esta tarde una sesión especial de la Legislatura para tratar la situación institucional. "Si se efectúa la sesión, seguramente plantearemos la necesidad de someter a un juicio político al ministro de Seguridad", aseguró a la prensa la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico y Social), en sintonía con las declaraciones de otros bloques, como la UCR y algunos partidos vecinales.

El caso

Anoche se entregaron ante la Justicia y quedaron detenidos los cincos efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba, sobre quienes la Justicia Federal había librado órdenes de captura en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el negocio del tráfico de drogas.

Los sospechosos son el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; oficial inspector Franco Argüello; sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.

Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro había ordenado en las últimas horas de ayer una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que paralelamente había emitido la orden de detención para los mencionados.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por intermedio del testimonio del "colaborador encubierto" policial, Juan Francisco "El Francés" Viarnes, ofrecido al programa de televisión ADN, y que motivó al fiscal a acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.

Caiga quien caiga

"Voy a seguir investigando, es mi obligación y me pagan un excelente sueldo para hacerlo, hasta donde llegue, las pruebas que aparezcan, involucre a quien involucre; si no, tengo que renunciar y dejar que lo haga otro que se anime", señaló hoy Senestrari, en declaraciones a radio Rivadavia.

El fiscal también aludió a las dudas que manifestó De la Sota y otros funcionarios provinciales sobre el trabajo del Ministerio Público. "Es algo de los políticos, que quieren hacer creer que este caso no es tan importante", sostuvo.

Y concluyó: "Hay pruebas suficientes contra esos policías, y no lo digo yo. El trabajo que hace un fiscal siempre es revisado y controlado por un juez federal que es el que asume la mayor responsabilidad en eso porque es el que dice 'vaya, rompa la puerta, intervenga ese teléfono, detenga a esa persona, retire las cosas que resulten útiles'".