El fallo de la Cámara de Apelaciones en contra del país deja un único camino para el Gobierno argentino. Y ese sendero es la Corte Suprema de Justicia de EEUU. El estudio de abogados que representa al país, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, ya había presentado a fines de junio un pedido para que el máximo tribunal tomara el caso.
La estrategia oficial era ir por dos caminos simultáneos, tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte. Ya terminadas las chances en una de las instancias, en el Gobierno esperan que la Corte Suprema tome el caso para su revisión.
El dato no es menor porque estiraría la definición de fondo para varios meses más, incluso durante por lo menos un año. En el ínterin, como ahora, Argentina podría seguir pagando la deuda tanto emitida localmente –excluida de este pleito con los fondos buitre– como la que está bajo legislación Nueva York (la más comprometida).
Todo dependerá de la voluntad de la Corte Suprema de tomar el caso, porque rechazarlo dejaría en firme la sentencia de pagar 100% a los acreedores.
Pero las estadísticas no son muy benévolas: la Corte Suprema recibe un total de 10.000 pedidos por año para revisar casos, pero sólo acepta entre 75 y 80 pedidos, según información del máximo tribunal. Es más, por semana la Corte recibe 130 pedidos y obviamente toma casi ninguno.
El Gobierno espera que la Corte Suprema tome el caso para su revisión
De hecho, la Corte Suprema mantiene dos clases de expedientes, un expediente en donde se paga una tasa de depósito (por lo general es muy similar al monto que reclama quien hace el pedido, en este caso Argentina, o sea los u$s1.300 millones) y otra en la cual la tasa de presentación no se aplica. Según el estudio de abogados Shearman & Sterling, la Corte Suprema concede un mayor porcentaje de peticiones en aquellos casos donde se paga la comisión que en el que se perdona ese importe.
Así y todo, el porcentaje de aceptaciones pagando esos costos es de poco más del cuatro por ciento. "La petición exitosa generalmente se identifica por tener un fuerte conflicto entre los tribunales de distritos federales de apelación sobre una cuestión importante de la ley federal", dice el estudios de abogados de Nueva York.
"Este es un caso especial, y no hay antecedentes. Por lo tanto no se pueden tomar esas estadísticas como parámetros. Acá se está jugando no sólo el pago a los acreedores de la Argentina, sino todo un sistema de pagos de los mercados de capitales a nivel internacional", afirmaban desde el Gobierno cuando se les preguntaba por esa alternativa.
La misma sensación es la que tienen varios abogados que trabajan con otros bonistas del país, quienes creen que más tarde o más temprano la Corte tomará el caso por la "sensibilidad" del tema.
En términos de plazos, claro, no está tampoco nada escrito. Se cree que hasta fines de septiembre o inicios de octubre la Corte no determinará si toma o no el pedido argentino sobre esta batalla legal. El tiempo puede extenderse más allá y ni siquiera ser tomado en cuenta hasta abril del año próximo cuando comience la temporada 2014 de la Corte.
La clave, en definitiva, pasará por la decisión que tome la Corte en el sentido de tomar o no el caso. En ese esquema, el Tesoro americano y el Departamento de Justicia también serán claves para ejercer cierta presión hacia la Corte para que decida tomar el caso. En el mientras tanto, en el Gobierno siguen repitiendo lo mismo: "Vamos a seguir pagando la deuda a los acreedores que ingresaron a los procesos de reestructuración de deuda".
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