Tras la firma del decreto con el que el presidente Rafael Correa puso fin a una iniciativa que buscaba dejar el petróleo de la Amazonía bajo tierra, el Gobierno de Ecuador se dispone a pedir a la Asamblea Nacional que autorice la explotación en el Parque Nacional Yasuní.
El mandatario encomendó a los ministerios Coordinador de la Política Económica, Ambiente, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como el de Recursos Naturales No Renovables, presentar informes sobre la viabilidad ambiental, técnica, financiera y constitucional de la explotación de crudo en los campos. La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, insistió este viernes en que se garantizará el control ambiental.
Pero los movimientos comprometidos con la preservación del medio natural tienen una visión muy diferente. En consonancia con lo planteado por varios especialistas, consideran que el proyecto afectará gravemente a las especies albergadas por el parque.
Roque Sevilla, ex integrante de la comisión negociadora de la iniciativa, se declaró hoy "de luto" por la decisión gubernamental y señaló que aunque se apliquen altas tecnologías, habrá daños ambientales durante la explotación petrolera en la selva amazónica.
Por su parte, grupos ecologistas e indígenas unieron este viernes sus voces para rechazar la anunciada explotación, por temor a daños a la biodiversidad y a las comunidades nativas de la zona.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, recordó que el Gobierno preguntó en una consulta popular sobre la realización de las corridas de toros, por lo que ve necesario que se busque la opinión ciudadana en torno a la iniciativa Yasuní-ITT, que es "de enorme importancia".
Cholango adelantó que notificará a los organismos internacionales sobre los peligros de la explotación petrolera, mientras se preparan acciones para defender al Yasuní.
En relación a la iniciativa oficial para recaudar fondos a cambio de dejar bajo tierra el crudo, Correa había atribuido su fracaso al egoísmo de las potencias mundiales. Pero el colectivo Amazonía por la vida, que agrupa a defensores del medioambiente, cree que "si la iniciativa no recibió el dinero esperado es por exclusiva responsabilidad de la propia acción gubernamental, que no pudo evitar que saliera al público el 'Plan B' (la explotación) y sus avances".
En una carta a la Asamblea Legislativa remitida a la prensa, el colectivo considera que "no es que el mundo no entendió la iniciativa, es que el Gobierno no pudo impulsarlo por falta de convencimiento y de garantías".
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