El hermano de Jaime hacía negocios con Transporte

La movilidad social ascendente, deseo de todos aquellos que gobiernan un país, se hizo realidad para la familia del prófugo Ricardo Jaime.

De vivir modestamente pasaron a vivir muy bien sus hijas Romina, Julieta y Gimena. Su ex esposa Silvia Reyss, ex maestra, quien llegó a tener casas, una lancha y autos. Las hijas de Reyss, Agostina y Lorena Jayo, quienes armaron emprendimientos y compraron propiedades. Hasta la octogenaria ex suegra de Jaime tuvo lo suyo: María Filomena Pfaffen, jubilada de Río Gallegos, "adquirió" (con dinero de un concesionario controlado por Jaime) una casa en un barrio cerrado de San Isidro. A todos les fue bien, muy bien. Fueron de los beneficiados por la década ganada.

Al principio de la gestión de Jaime su hermano Daniel Eduardo no la pasaba tan bien. Estaba en Brasil a donde viajó -dice que perseguido por su militancia en Montoneros-  y padecía pesares económicos. Le pedía por mail al testaferro de su hermano, Manuel Vázquez, que le mandara dinero, que le consiguiera trabajo para sus hijos, que armara algún negocio. Tenía ganas de pertenecer al grupo de beneficiados por el efecto derrame que generaba la secretaría de Transporte. Se quejaba amargamente porque, por ejemplo, no tenía una cifra módica para una intervención quirúrgica menor. Y protestaba porque se beneficiaban todos menos él.

En un mail enviado a Vázquez en junio de 2008, Daniel Jaime dice: "Yo estoy buscando definir algunos temas puntuales, para verlos con Ricardo y pedirle de una buena vez que me dé una mano con las empresas que tengo, ya que quiero tener una respuesta económica a los mismos. No pretendo que pasen otros cinco años y sacar solamente para sobrevivir y no poder juntar un solo centavo, mientras veo cómo las putas que tienen sacan más que uno que trae muchas cosas."

No se sabe a qué putas se refería pero queda claro a qué empresas hacía alusión. Daniel Jaime hacía negocios con una empresa llamada Confear. Y no le fue mal. Justo después del mail de las putas.

La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) integrada por Trenes de Buenos Aires, EMEPA y Roggio, administraba varios ramales de los trenes urbanos. Y estaban bajo el férreo control de Ricardo Jaime.

Por eso entre junio de 2008 y mayo de 2010 la firma Confear, perteneciente a Daniel Jaime, hermano del ex funcionario público, le facturó a UGOFE -su único cliente- $ 7.842.680.

La Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió en dos ocasiones que las cosas se estaban haciendo por fuera de la ley en el área de Transporte. Fue en 2008 y luego en 2011 cuando criticó el modo en que Jaime había modificado el sistema para realizar contrataciones. Mediante la resolución 187/06, Jaime abrió la puerta para los negociados porque autorizó a las empresas de transporte a saltearse el proceso de licitación y otorgar en forma directa las obras. Por eso la empresa del hermano de Jaime consiguió hacer negocios millonarios.

Hasta julio de 2009, cuando Jaime se fue del Gobierno, Confear -una empresa con pocos empleados- le facturó a UGOFE $5.236.209, el resto fue facturado en la gestión de quien lo sucedió en el cargo de secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

Confear cobró ese dinero que pagó UGOFE por "construcción, reforma y reparación de redes". La empresa de Daniel Jaime realizó compras a dos empresas llamadas Zent y Argenva. En esas dos firmas y en Confear se repiten accionistas e integrantes de los directorios. Las tres sociedades tienen como eje a José María Cisternas, hombre vinculado a los negocios de Jaime. Ese grupo empresario obtuvo contratos por 54 millones de pesos en obras otorgadas desde Transporte.

Toda la información está volcada en un expediente que tenía a su cargo el juez federal Ariel Lijo, quien investigaba a Jaime por negociaciones incompatibles con la función pública. Pero ese caso fue cerrado gracias a la inacción del Fiscal de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles quien no presentó un recurso ante la Corte para que tengan validez los mails de la corrupción de Jaime.

Esa fue la última vez (¿habrá otras?) que el kirchnerismo judicial le dio una mano a Jaime. Evitó que siguieran abiertas seis causas entre las que estaba la de los negocios de hermano a hermano. Y todo pago con dinero del Estado.