En las primeras horas de la madrugada del 28 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a firmar con Irán un memorándum para el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Pero, 102 días después, ese acuerdo se halla paralizado.
Según explicó el canciller Héctor Timerman a Infobae días atrás, el gobierno argentino aún espera que Irán notifique la ratificación del documento. En principio, se preveía que el Parlamento de ese país fuera el que se expidiera sobre la cuestión. Sin embargo, el saliente mandatario Mahmud Ahmadinejad lo dio por aprobado con su sola firma a mediados de mayo.
"El acuerdo dice que tiene que ser aprobado por órganos relevantes de cada país para su ratificación y aprobación de conformidad con sus leyes. En Irán esto ya está en vigor y lo vamos a declarar como aquí, con todos los valores que tiene según la ley", confirmó el 20 de mayo el máximo representante iraní en nuestro país, el encargado de negocios Ali Pakdaman.
El artículo del memorándum al que se refirió el diplomático es el punto seis del documento, que establece que el "acuerdo será remitido a los órganos relevantes de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento u otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de conformidad con sus leyes".
Sin embargo, el mismo ítem del acuerdo firmado entre Timerman y su par iraní Ali Akbar Salehi aclara que recién "entrará en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los requisitos internos para su aprobación o ratificación han sido cumplimentados". Precisamente esa notificación no fue aún enviada por el gobierno iraní.
A sólo cuatro días de las elecciones presidenciales en ese país, parece improbable que el gobierno de Ahmadinejad notifique a la Argentina de su decisión. Sobre todo porque dos de los ocho aspirantes a la presidencia se encuentran imputados por la Justicia argentina en la causa AMIA.
Ellos son Ali Akbar Velayati, ex canciller y actual asesor del ayatollah Ali Jamenei, y Mohsen Rezai, ex comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución y actual secretario del Consejo de Discernimiento iraní.
Este último está aún bajo la "circular roja" de detención emitida por Interpol para él y otros seis acusados de haber formado parte del atentado que dejó 85 personas muertas en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Mientras tanto, parte de la comunidad judía, encabezada por la propia AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), aún aguarda que la Justicia argentina se expida sobre su pedido para que se declare inconstitucional el memorándum.
La investigación
Días atrás, el fiscal Alberto Nisman emitió un duro dictamen de más de 500 páginas acusando al régimen iraní de haber conformado en Sudamérica una red terrorista para la concreción de atentados en distintos países de la región.
Sin embargo, el encargado de investigar el atentado aclaró que el memorándum no representó "obstáculo alguno" para su trabajo. "El problema no es el gobierno argentino, el problema es Irán, que sigue con esta postura negacionista", señaló.
Cuando se conoció el dictamen presentado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el canciller Timerman viajó a Francia para reunirse con el titular de Interpol, Richard K. Noble. Allí se ratificó la vigencia de la "circular roja" para la captura de los seis acusados por el atentado.
El memorándum firmado entre Argentina e Irán establece la creación de una Comisión de la Verdad, "compuesta por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional".
Una vez conformado el grupo investigador, las autoridades de ambos países se comprometen a enviarse entre ellos y a la Comisión "la evidencia y la información que se posee sobre la causa AMIA".
Según establece el documento, "la Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja".
Sin embargo, luego de que se firmara el documento, el régimen iraní aclaró que los acusados no estan obligados a prestar testimonio ante la Comisión o los funcionarios judiciales.
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