Ante la falta de respuesta de las autoridades judiciales de los Estados Unidos, el juez federal Sergio Torres, a cargo de una investigación en la que se trata de determinar si clientes argentinos sacaron dinero ilegalmente a través del banco J.P Morgan, decidió girar una serie de oficios para conseguir información.
La causa, caratulada "N.N. sobre delito de acción publica", fue iniciada en 2008 a raíz de la denuncia presentada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la Banca Privada de JP Morgan -sucursal Nueva York-, donde se autoimputó como integrante de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otra serie de delitos.
Lo hizo para evitar la extradición pedida por Estados Unidos porque lo quieren juzgar allí. Torres pidió el año pasado que la Cancillería argentina le informara en qué estado estaba el pedido de información realizado con anterioridad a Estados Unidos. Ante la ausencia de respuesta, el juez reiteró la solicitud.
Torres le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) que determine la situación patrimonial, financiera y económica de las personas y las sociedades , desde el 2001 y si alguno de ellos se acogió a la ley de blanqueo de capitales.
Pidió que la Inspección General de Justicia haga un informe sobre las 469 personas físicas y jurídicas. Y también quiere que ese organismo informe bajo qué tipo societario opera la firma JP Morgan. Respecto de ese banco quiere que la Comisión Nacional de Valores informe si tiene reportes sobre su actividad. Torres también reclamó que JP Morgan Sociedad de Bolsa brinde todos los nombres de los empleados que trabajaban en el área de "Banca Privada", donde se hicieron las operaciones.
El pedido de Torres abarca a 469 sociedades entre las que se hallan varios de los accionistas del Grupo Clarín como Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro. También figuran los nombres de Ana María, Jorge, Martha María Matilde y Norberto Antonio Priu; María Marta Scalesciani; Christian y Carlos Keller Sarmiento; Enrique W. Ruete Aguirre; y Anwar Melhem & Andrés P Melhem & Christian Melhem.
También hay sociedades vinculadas al empresario del área energética Marcelo Mindlin y Eduardo Constantini, desarrollador de Nordelta. También figuran Tomás y Rodolfo Constantini. En el listado aparecen nombres de personas y sociedades sobre las cuales se desconocen sus accionistas.
El magistrado solicitó que la Unidad de Información Financiera (UIF) haga un informe de los 469 investigados. Al mismo tiempo autorizó a la UIF a pedir colaboración con sus pares de Estados Unidos y Suiza para conseguir información de utilidad para la causa judicial.
En Suiza también quiere saber si las personas y sociedades tienen cuentas en el JP Morgan de ese país. Sobre dos de los empresarios incluidos en la lista, Miguel Alberto Melhem y Marcel Erwin Melhem -que tuvieron parte de las acciones de la cervecería Bieckert- se pidió información a la Bailía de Guersney, un paraíso fiscal dependiente de la Corona Británica. En la parte final de su pedido, Torres pidió, nuevamente que el Departamento de Justicia, responda, de manera "concreta" sobre las sociedades que son parte de la investigación.
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