Luego de que el juez federal Ariel Lijo archivara la causa tras considerar que no era un delito de lesa humanidad, la Cámara Federal porteña aseguró que esa decisión fue "prematura" y ordenó que se reabriera.
Para el 6 de mayo el juez Lijo citó a declarar como testigo a Carlos Flaskamp, ex oficial de la guerrilla Montoneros que, según acusan la diputada Claudia Rucci y su hermano Aníbal, habría perpetrado el homicidio.
Otro citado a prestar testimonio es Ricardo Grassi, periodista que vive en Roma, Italia, ex director del semanario El Descamisado, órgano oficial de Montoneros de 1973 a 1975, cuya declaración será por teleconferencia en fecha aún a determinar.
Claudia y Aníbal Rucci, patrocinados por el abogado Miguel Ángel Plo, pidieron que declaren también, en principio como testigos, los ex jefes montoneros
–residente en España–,
y
, este último
.
También reclamaron la testimonial de Ernesto Jauretche, secretario bonaerense de Municipios al momento del crimen, en los años 90 funcionario del gobierno de Carlos Menem, y disertante en eventos organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Para los Rucci, la declaración de Jauretche es clave pues, según sostienen, él alquilaba un departamento en el barrio porteño de Flores y lo cedió como cuartel general para el operativo, pues quedaba a ocho cuadras de la casa en que emboscaron al jefe de la CGT.
En agosto de 2012 el juez Lijo consideró que el crimen había sido perpetrado por Montoneros, aunque argumentó que no podía ser considerado "delito de lesa humanidad" y, en consecuencia, estaba prescripto por el paso del tiempo, pero la Cámara revirtió ese criterio.
Los Rucci, en cambio, sostienen que es delito de lesa humanidad porque hubo participación del Estado ya que
que supuestamente facilitó Jauretche.
La Cámara Federal revocó por "prematuro" el archivo de la causa y le advirtió al juez que "deviene imprescindible la profundización de la pesquisa", para saber si la emboscada pudo haber sido financiada o apoyada desde el gobierno del peronista Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires.
A Rucci, del ala de centro-derecha del entonces peronismo gobernante, lo acribillaron a la salida de la casa en que paraba en la avenida Avellaneda 2935, del barrio de Flores, el 25 de setiembre de 1973, apenas 48 horas después de que Juan Perón fuera elegido por tercera vez presidente de la República.
Perón asistió al velatorio del sindicalista y confió a la viuda: "Me mataron a un hijo". Y al irse dijo a los periodistas: "Estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas".
El libro Operación Traviata, nombre con que Montoneros bautizó el ataque, identifica al francotirador como Juan Julio Roqué –montonero muerto en 1976 en combate con marinos de la ESMA– y a otros dos integrantes, Marcelo Kurlat, "Monra", y Héctor Arrue, "Pablo Cristiano", también fallecidos.
En una entrevista televisiva con el historiador Felipe Pigna, Firmenich rehusó adjudicarse el crimen: "Me voy a guardar de dar la opinión porque es más complicada la muerte de Rucci y tengo mis dudas sobre algunos implicados, algunos partícipes; como no tengo certezas tampoco, no he de dar opiniones gratuitas, de modo que sobre esto no puedo decir".
Sin embargo, el periodista Grassi aseguró en una nota escrita en el diario Clarín que la noche del 25 de septiembre de 1973 el entonces jefe máximo de Montoneros fue a la redacción de El Descamisado y confesó: "Fuimos nosotros".
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