ADEPA emitió un comunicado luego de que el Gobierno ordenara a las cadenas de supermercados que pactaron congelar los precios hasta el 1° de abril no publicar avisos publicitarios en los medios de comunicación para anunciar sus promociones.
"Presionar a los anunciantes para que retiren avisos de medios y utilizar recursos públicos para premiar o castigar a empresas periodísticas por su línea editorial configuran graves ataques a la libertad de expresión", denuncia la entidad, y explica que esas "acciones vulneran la sustentabilidad económica de todo medio que pretenda desarrollar su tarea periodística con independencia".
A continación se reproduce el mensaje completo:
Presencia y ausencia de pautas
En las últimas horas, buena parte de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos de nuestro país suspendieron los avisos que tenían pautados para el próximo fin de semana en diarios de la ciudad de Buenos Aires. Directivos de esas empresas manifestaron que la decisión derivaba de exigencias del secretario de Comercio Interior de la Nación y se relacionaba con las recientes disposiciones sobre congelamiento de precios. Lucila Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, negó la existencia de exigencias oficiales vinculadas a la publicidad pero manifestó que, en el nuevo contexto, sería razonable que desaparecieran los avisos del sector afectado por la prohibición de aumentar precios.
Por otro lado, la Auditoría General de la Nación dio a conocer ayer un informe sobre el uso de los 2.320 millones de pesos destinados a la pauta oficial entre 2007 y 2010. El informe apunta que, en 2009, el 59% de la inversión publicitaria del Estado nacional se concentró en cinco medios dentro de un universo de 365 y que la distribución no tuvo relación con los niveles de audiencia de estos. En ese año, por ejemplo, un medio con una tirada que representa la décima parte de la de uno de sus competidores recibió más del doble de pauta oficial.
Presionar a los anunciantes para que retiren avisos de medios y utilizar recursos públicos para premiar o castigar a empresas periodísticas por su línea editorial configuran graves ataques a la libertad de expresión. Por un lado, estas acciones vulneran la sustentabilidad económica de todo medio que pretenda desarrollar su tarea periodística con independencia; por otro, constituyen el combustible para el funcionamiento de medios acríticos respecto del poder o dedicados a desprestigiar al periodismo no adicto. Impedir que los supermercados y empresas de electrodomésticos publiciten sus productos afecta los derechos del consumidor al cercenarles la posibilidad de obtener información sobre productos y precios que le permita tomar decisiones de consumo.
Prohibir anuncios privados o amedrentar a las empresas que desean pautarlos son variantes de la censura. La obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal, según lo señaló la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de prensa. Y la combinación de ambas acciones –manejo discriminatorio de la pauta oficial y presiones sobre los anunciantes privados– conduce a un ahogo económico de los medios independientes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el Estado no puede asignar de manera arbitraria su pauta publicitaria. Tampoco puede, a través de sus funcionarios, bloquear la pauta privada.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) resalta la gravedad de este tipo de medidas, solicita a las autoridades que se abstengan de impulsarlas y se compromete a plantear el tema en foros internacionales, en defensa de la plena vigencia de la libertad de expresión en el país.
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