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El ex secretario de transporte Ricardo Jaime continuará siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que la Cámara Federal rechazó un planteo para intentar frenar la causa que puso la lupa sobre su patrimonio y el de su familia.
Así lo determinó la Sala I de la Cámara al confirmar una resolución del juez Norberto Oyarbide, quien "rechazó el planteo de inconstitucionalidad" de la norma que reprime el enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.com.
Los camaristas rechazaron el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por los defensores de Jaime, Silvia Reyss, Agostina Soledad y Lorena Silvia Jayo, en un fallo conocido hoy en Tribunales.
En la causa, Jaime contestó el requerimiento de justificación de su patrimonio, pero sus letrados plantearon la inconstitucionalidad de la figura penal del artículo 268 (2) del Código Penal de la Nación, alegando la violación al principio de inocencia y las garantías de prohibición de declarar contra sí mismo, de defensa en juicio y de debido proceso".
Es que en la figura del enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, y es el imputado el que debe probar que no se enriqueció en forma ilícita.
El camarista Eduardo Freiler avaló la decisión de Oyarbide y sostuvo: "En ese sentido me he expedido anteriormente, afirmando la validez constitucional de la figura legal aquí atacada sobre la base de que los cuestionamientos 'puede(n) ser neutralizad(os) si llanamente se la toma como delito de acción, donde la conducta típica sea enriquecerse de manera apreciable e injustificada".
El artículo en cuestión expresa que "será reprimido con prisión de dos a seis años el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
Jaime está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de diferentes bienes, como autos, terrenos y departamentos por seis millones de dólares y un avión Lear Jet 31 A valuado en cuatro millones de dólares, para lo cual, según las sospechas, habría utilizado a distintas personas para realizar las operaciones.
El ex funcionario fue procesado el viernes por presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público en la causa en que investiga el accidente ferroviario de Once del 22 de febrero y por el cual también fueron procesados los integrantes del Grupo Cirigliano.