El Gobierno ingresa al negocio de telefonía móvil

El gobierno nacional resolvió suspender una licitación de frecuencias de telecomunicaciones de la red 3G para que queden bajo control estatal. Según informó el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, "no van a tener una participación testigo, sino equilibrante en el mercado".

"Prácticamente nos vamos a quedar con un 25% de la frecuencia 3G, que va a ser cien por ciento estatal", informó el funcionario en la conferencia de prensa que dio junto al secretario de Comunicaciones de la Nación, Lisandro Salas.

El ministro explicó que en pocos días resolverán "de qué manera se va a llevar adelante la explotación de estas frecuencias", y enfatizó que "la rentabilidad va a quedar para todos los argentinos a través de Arsat".

También explicó que habrá "participación de cooperativas y PyME del interior, que hasta ahora hubiera sido imposible que siquiera soñaran prestar telefonía celular, que es la parte del negocio que tiene mayor rentabilidad".

Señaló que la empresa Claro era la única "en condiciones patrimoniales" para obtener la adjudicación, pero que otorgar la frecuencia a un solo oferente "hubiera sido un proceso de concentración y los argentinos estamos hartos de los monopolios y no queremos generar monopolios".

En una conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía, se anunció que luego de la evaluación de las ofertas se decidió dejar sin efecto el concurso público "por razones de oportunidad, mérito y conveniencia".

El ministro explicó que en la decisión "se tuvieron en cuenta dos objetivos básicos: ampliar la competencia y fomentar el ingreso de nuevos actores al mercado". "No es contra los grandes prestadores, sino que surge como un análisis propio de cómo era la situación en el mercado", aclaró.

De Vido explicó también que de las cinco empresas que se presentaron a la licitación, sólo Claro cumplía con los requisitos. "Pero eso iba a generar una situación de monopolio, y por eso se tomó la decisión de no adjudicar a un solo oferente. Las otras empresas eran Nextel, Multitrunk, del grupo Roggio, Telecom y Superfone, vinculado al grupo Vila-Manzano", señaló.

Según detalló, la medida tiene "dos objetivos". Por un lado, "aumentar la competencia entre operadores" y, por el otro, "fomentar el ingreso de nuevos prestadores" al mercado.

Por último, el funcionario adelantó que el Estado también participará en la explotación de la tecnología 4G. Y aunque aclaró que aún no está definido de qué manera, adelantó que será "con un esquema similar al del 3G".