Abusos policiales e impunidad acrecientan la violencia en Venezuela

Karen Berendique, de 19 años, hija del cónsul chileno Fernando Berendique, se trasladaba el viernes por la noche en una camioneta en Maracaibo junto con su hermano, de 28 años, cuando se toparon con una comisión policial en labores de investigación que les ordenó detenerse.

Los dos jóvenes, desconfiando de los agentes, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), no atendieron su voz de alto. De inmediato, los funcionarios emprendieron la persecución del vehículo, durante la cual la joven fue alcanzada por tres balas, según ese cuerpo policial.

Doce agentes permanecen detenidos en relación con esa muerte, que el vicepresidente venezolano, Elías Jaua, aseguró será esclarecida y "castigados los responsables".

"Fue un procedimiento irregular, desproporcionado e ilegal. Si no hay amenazas a la vida de los policías o de terceros, ellos tienen prohibido usar las armas de fuego", expresó la secretaria del Consejo Nacional de Policía, Soraya El Achkar, citada por el diario El Nacional.

En 2009, año en el que fechan las últimas cifras oficiales, el ministro del Interior, Tarek El Aissami, indicó que entre "un 15 y un 20%" de los crímenes registrados en el país eran cometidos por policías; sobre todo, los delitos que comportan más violencia, como los homicidios y los secuestros.

Anteriormente, en 2008, un informe de la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol) revelaba que de los 110.137 policías que había entonces en el país, 18.313 (16,62%) habían sido denunciados por abusos graves entre 2000 y 2007.

Y según la organización de derechos humanos Provea, en Venezuela se registraron 2.685 muertes "por resistencia a la autoridad", según su informe de 2010. El problema de los abusos policiales en Venezuela es histórico, indica a la AFP Elsie Rosales, investigadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex miembro asesor de la Conarepol.

"Hasta 2006, cuando se inició el proceso de la reforma policial, no existió en el país ningún tipo de legalidad policial", lo cual generó una proliferación desordenada y sin control de los cuerpos de seguridad y sus consecuentes abusos y desviaciones, señala la experta. El caso de la hija del cónsul chileno, explica Rosales, es un ejemplo de estas fallas institucionales.

"El CICPC es una policía científica, pero a partir de 1975 comenzó a tener funciones de patrullaje y prevención, propias de las policías administrativas", señaló. "Debe ser restituido a su deber ser original de cuerpo de investigación, debe salir de las calles, porque sus funcionarios no están entrenados para estas tareas", enfatiza la investigadora de la UCV.

Para Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, dedicada a la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, los ciudadanos desconfían de la Policía. Según los resultados de una encuesta de victimización realizada por el Instituto Nacional de Estádisticas (INE), difundidos en 2010, "43,63% de los encuestados no denunció un delito porque sabía o creía que la Policía había participado", refiere a la AFP Ortega.

La vocera de Cofavic también atribuye "las desviaciones en la estructura policial" a la impunidad.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una ONG especializada en temas de seguridad ciudadana, el 91% de los homicidios cometidos en la nación sudamericana quedan sin castigo. La cifra alcanza el 97% cuando se incluye el resto de los delitos.

La ONU, en su Estudio Global de Homicidios, colocó a Venezuela en el primer lugar del Cono Sur y cuarto de América en cuanto a número de homicidios. El Gobierno venezolano no ofreció cifras de asesinatos en 2011, aunque reconoció que no logró reducir los cerca de 14 mil registrados en 2010.