Cerca de 1.200 trabajadores de los 2 mil que tiene la planta de la ciudad de Cumaná, la única de Toyota en el país, iniciaron el pasado 2 de agosto un paro para exigir el pago de unos pasivos laborales que la empresa niega apoyándose en la resolución de un juzgado venezolano que falló a su favor.
"La casa matriz está sumamente preocupada, pero está convencida de que se va a resolver favorablemente y se harán cumplir las leyes venezolanas", indicaron en un correo electrónico fuentes de la dirección de Toyota Venezuela que pidieron no ser identificadas.
Los voceros de la filial automovilística alertaron que el paro profundizará aún más la dramática baja de producción que viene experimentando la planta desde el primer trimestre de este año.
"Más del 30% de los trabajadores y empleados de Toyota rechaza el cierre operativo de la planta y no comparte el clima de anarquía, intimidación y violencia que impuso un grupo que implanta el terrorismo sindical, poniendo en peligro la operación del fabricante japonés en Cumaná", indicaron las fuentes de la empresa.
Por su parte, el secretario general del sindicato de trabajadores de Toyota en Venezuela (Sintratoyota), Richard Guevara, anunció que los trabajadores seguirán con su protesta hasta que un ente gubernamental "dicte una mesa y siente a las partes para dialogar".
El sindicato insiste en exigir el cumplimiento de una serie de reclamos que mantiene contra la empresa desde mediados de 2008.
"En vista de que no hemos recibido respuesta de la Asamblea o de ministerios, lo más probable es que tomemos acciones más radicales, como la toma de portones o huelgas de hambre", apuntó Guevara.
Lamentó, además, las ocho órdenes de despido que la empresa introdujo contra dirigentes sindicales ante el Ministerio de Trabajo y confirmó que él es uno de los afectados.
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