El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela validó este jueves el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio y autorizó que el Parlamento continúe su trámite para debatirlo y aprobarlo. La Sala Constitucional declaró la conformidad constitucional de la iniciativa.
La norma, aprobada en noviembre de 2017 por el régimen del ex dictador Nicolás Maduro, prevé penas de hasta 20 años de prisión por los llamados “delitos de odio”. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición la cuestionan desde su sanción y reclaman su derogación al considerar que se utiliza contra voces críticas.
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La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia surgió tras una solicitud de Maduro, quien pidió medidas contra los mensajes que el oficialismo vinculó con las protestas antigubernamentales de abril a agosto de ese año. La Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, aprobó la legislación mientras funcionaba en paralelo al Parlamento, que entonces tenía mayoría opositora.
La ONG Espacio Público denunció en 2023 que la ley fue utilizada como una herramienta “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, informó este mes que al menos 927 personas fueron acusadas de “incitación al odio” desde 2017.
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Por su parte, la ONG Cecodap informó que 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley. El período coincidió con la crisis política posterior a las elecciones presidenciales de 2024, luego de que la oposición denunciara fraude ante la autoproclamada reelección de Maduro.
La reforma parcial entró en evaluación después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la solicitara en septiembre al Parlamento, controlado por el chavismo y presidido por su hermano, Jorge Rodríguez.
Delcy Rodríguez reconoció entonces que las autoridades aplicaron la norma de forma incorrecta y abusiva, en línea con denuncias presentadas durante años por organizaciones no gubernamentales y dirigentes opositores.
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El pasado 6 de octubre, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, informó sobre la creación de una comisión para reformar la criticada Ley contra el Odio. Infante anticipó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en “algunas definiciones necesarias” para asegurar su “correcta aplicación”.
“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana (...). Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, apuntó.
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Delcy Rodríguez aseguró que la ley fue “mal aplicada”
El 29 de septiembre pasado, la presidenta encargada se refirió a la aplicación de la norma y admitió que hubo abusos. “Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, declaró durante un acto en el estado venezolano de Portuguesa.
“Yo creo en los principios de esa ley. El principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio”, manifestó. Además, llamó a “sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia”.
(Con información de EFE)
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